El Ayuntamiento de Alcalá: «No sabemos nada de la seguridad del centro de inmigrantes, pero hay armas»

Más de 1.700 inmigrantes han sido alojados en una base militar en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Desde su llegada, las reyertas dentro y fuera de la base, la inseguridad de toda la población y la incertidumbre por parte del ayuntamiento de la localidad ha sido la tónica general. OKDIARIO ha podido hablar con la concejal de seguridad de Alcalá sobre la situación que está viviendo la población.

Orlena María de Miguel Muñoz, la edil de seguridad de la localidad, ha dejado claro en declaraciones a este periódico que están en completa consonancia con las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso: «La presidenta no ha dicho ninguna mentira», ha asegurado. «Las mentiras con el delegado del Gobierno son muy relativas, porque también nos dijo que iban a llegar 100 personas y ya vamos por más de 1.700», apostilla. La concejal asegura que Francisco Martín les dio un calendario de llegadas de inmigrantes que no se está siguiendo y no saben cuál es el protocolo de entrada de estas personas.

Tanto es así que hay 600 inmigrantes que no saben dónde ni cómo se encuentran. «Hemos pedido que nos manden un protocolo de actuación porque incluso los inmigrantes van llegando por la noche y no lo sabemos», indica. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet Flores, ya había comunicado que una de las víctimas que denunció una agresión reconoció a uno de los inmigrantes del centro cuando la Policía Nacional le mostró las imágenes, algo que también ha destacado la concejal de seguridad. «La investigación continuará para saber qué ha pasado», comenta.

La situación en la localidad de Alcalá de Henares es tan grave que incluso los propios vecinos sienten inseguridad. «Me mandan cartas, me escriben por las redes sociales y me paran por la calle porque no están seguros». «Se tiene miedo a posibles reyertas y al consumo de drogas y alcohol en la calle», ha comentado a OKDIARIO la concejal de seguridad, Orlona María de Miguel.

Varios vecinos ya contaron a OKDIARIO que les está afectando la llegada de los inmigrantes. «Desde que han venido yo no puedo dejar que mi hija salga sola a pasear al perro», aseguraba uno de ellos. «Mi hijo venía solo a la academia de inglés y ahora le acompaño. Nuestra forma de vivir ha cambiado completamente», cuenta otro. «Los que tenemos el patio de casa pegando a la base, tenemos el temor de que puedan saltar», asegura una tercera.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto desalojar a partir de la próxima semana a 300 inmigrantes ilegales del cuartel militar Primo de Rivera de Alcalá de Henares, donde ahora mismo residen 1.700 personas.

El acuartelamiento, que desde que abrió sus puertas como Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED) el pasado mes de noviembre ha acogido a 1.680 personas, va a comenzar la expulsión de usuarios el próximo martes, según denuncian desde la Red de Inmigración. Y sobre ello también se ha pronunciado la edil de seguridad: «Ya es una cuestión de humanidad, ¿qué van a hacer estas personas con las bajas temperaturas y lloviendo si están en la calle?», ha preguntado Orlona.

OKDIARIO ha querido preguntar a la concejal sobre si se está haciendo algún tipo de seguimiento a estas personas, ya que no se sabe nada de su pasado. «Estamos en alerta terrorista alta y no tengo ni idea de si se está llevando un control. Imagino que dentro del centro se estará controlando, pero no tengo ni idea», afirma la edil.

Carta a Ayuso

La Red ha enviado este jueves una carta a Ayuso en la que le informa de «las graves situaciones que se están dando en el centro de inmigrantes de Alcalá de Henares, generadas por el Ministerio competente en materia de migraciones». También le relatan en esa carta el «maltrato continuado a las personas usuarias» del centro, gestionado por la entidad Accem. Ayuso denunció este miércoles las «reyertas graves» y un brote de sarna, además de la existencia de denuncias de agresiones sexuales por parte de los internos.

Entre otras cosas, la misiva informa a la presidenta regional que a los residentes en este centro se les marca con bolígrafo en sus brazos para identificarlos. El secretario general de esta organización, Rafael Escudero, denuncia además en la carta que a los inmigrantes se les somete a «un duro control (en tres fases) para poder salir, se les limita el acceso a la calle y se cuenta con una alimentación y procesos de integración absolutamente deficientes». Todas estas situaciones han provocado que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado «haya interpuesto tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, por ahora sin éxito alguno».

Igualmente, se advierte que «el Ministerio ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro», evacuando «sin solución habitacional a más de 300 usuarios». «Esto incluye a menores que están en el centro ahora mismo y que van a tener que pedir amparo inmediatamente a la Comunidad de Madrid, así como a decenas de personas de origen migrante sin recursos económicos», se avisa en la misiva.