La Audiencia Nacional cita al ex abogado de Podemos que dijo en un tuit que el ‘caso Dina’ es «una patraña»

El juez Manuel García-Castellón ha citado en calidad de testigo al ex coordinador de los servicios jurídicos de Podemos, José Manuel Calvente, para interrogarle sobre el montaje de Pablo Iglesias y Podemos en el caso Dina-Iglesias, y utilizarlo en la campaña electoral en las generales de abril de 2019 acusando a unas supuestas cloacas del Estado.

OKDIARIO ha tenido acceso al escrito por el cual se acuerda la citación: «De conformidad con lo acordado en el presente procedimiento procédase a la citación de José Manuel Calvente en calidad de testigo el próximo día 2 se septiembre de 2020 a partir de las 10:00 horas en la sala multiusos de este Juzgado y líbrese oficio al Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo nacional de Policía a fin de que proceda a la citación en forma del mismo, para el día y hora señalados, con los apercibimientos legales que correspondan en derecho».

Calvente señaló a través de la red social Twitter que su «calvario» en la formación de Pablo Iglesias comenzó en febrero del año 2019 cuando se negó a colaborar en el supuesto caso Dina-Iglesias que tachó de «patraña».

El que fuera abogado de Podemos desveló en un tuit que él mismo advirtió a sus superiores de que «el caso Dina se convertiría en el caso Iglesias». «Acerté  y no me lo perdonan», remarcó el letrado que ha llevado las irregularidades del partido ante la Justicia.

Su comentario recibió decenas de miles de reacciones. Incluso varios usuarios le ofrecieron soporte económico para continuar con su labor. «Si necesitas ayuda para aflorar la verdad haz un crowdfunding. Ahí estaremos muchos. ¡Ánimo!», comentaron.

«Odio y maldad»

«Muchas gracias de corazón a todas las personas que me están apoyando, animando y defendiendo de los ataques despiadados de quienes abrazan el odio y la maldad como parte inseparable de su miserable existencia», apostilló el abogado en otro mensaje.

Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del caso Dina. Avisé de que se convertiría en el caso Iglesias. Acerté. No me lo perdonan.

— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 1, 2020

Unos días antes, Calvente había difundido otro tuit en el que llamaba a compañeros del partido a denunciar las irregularidades cometidas en el seno de la formación de Iglesias. «Sed valientes, vale la pena», afirmó el abogado, que se define así: «Fiel a mis principios. Lealtad y honestidad. Familia, amigos, cine, música, poesía, la combinación perfecta para ser feliz».

Para justificar el despido, Iglesias acusó falsamente a Calvente de acoso sexual y laboral a la abogada de Podemos Marta Flor Nuñez, que llevaba la defensa del vicepresidente en el caso Dina-Iglesias. La letrada se querelló contra el jurista. Sin embargo, la causa ha sido archivada, al no encontrar la juez indicios delictivos. El Ministerio Fiscal también se pronunció a favor del sobreseimiento de las actuaciones tras haber escuchado en sede judicial tanto a la querellante como al querellado.

Confabulación con los fiscales 

Los chats del equipo jurídico de Podemos demuestran que el partido de Pablo Iglesias y los fiscales anticorrupción se confabularon para beneficiar a la formación morada a la hora de que el Tribunal Supremo aplazara la sentencia del caso Granadinas para favorecer a Iglesias.

El contenido de los mensajes internos de la responsable del equipo jurídico de Podemos, Marta Flor Núñez, desvelados por El Confidencial demuestran que los abogados podemitas se coordinaron con los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el proceso abierto en el alto tribunal sobre la cuenta en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas en la que el líder de Podemos recibió 272.325 dólares de la narcodictadura de Nicolás Maduro.

Paralelamente, en esa misma fecha, el fiscal Stampa –según comunicó Marta Flor a sus compañeros del equipo legal– le advirtió tres meses antes que abrirían la pieza separada número 10 del caso Villarejo sobre el cada vez más dudoso robo del teléfono de Dina Bousselham. La abogada Marta Flor tuvo conocimiento de una información confidencial y bajo secreto de sumario fruto de su estrecha relación con uno de los fiscales anticorrupción de la causa.

El vicepresidente del Gobierno utilizó esta causa judicial para personarse como perjudicado y acudir a declarar presentándose como víctima de unas supuestas cloacas del Estado. De esta manera, logró parar la sangría de votos en las generales del 28-A.