La asociación de la madre del asesino Lanza redactó la guía usada para resistir a la Policía el 1-O

Iridia, la asociación promovida, entre otros, por Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza -acusado por el homicidio de un hombre, en Zaragoza, Víctor Laínez, por llevar tirantes con la bandera española- tuvo un protagonismo relevante entre el activismo durante la celebración del referéndum ilegal en Cataluña.

La asociación elaboró un manual de instrucciones para reaccionar ante la Policía en el caso de manifestaciones, que corrió entre los colectivos de extrema izquierda en los días previos al 1 de octubre.

La ‘Guía de Acción No Violenta’, en cuya redacción participaron además el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña y el Instituto Internacional para la Acción No Violenta (Novact), habla explícitamente de desobediencia civil y aconseja a los activistas sobre cómo comportarse en caso de «represión», como «dejar el peso muerto». Asimismo, se incluyen tácticas para bloquear a los «opositores», mediante «barreras de obstaculización» o «cordones» formados por personas entrelazadas.

El manual recoge las posibles «vulneraciones de los derechos de los manifestantes» -en referencia básicamente a la actuación policial- como violencia «física, sexual o con objetos» (porras, pelotas de goma y proyectiles de precisión) y los consejos para hacerles frente: «Si te identifican pide al agente policial que también se identifique», «si ves una agresión, haz fotografías, vídeos y envíatelos por correo para tener pruebas, hacerlo en las redes puede ser contraproducente», «si recibes una agresión policial, intenta mantener la calma, busca vídeos y fotografías o cámaras de videovigilancia, si puedes, recoge información del agente (detalles faciales/corporales y número de placa), evita que te hagan fotografías con ropa que no es tuya o en posturas específicas».

Estas y otras organizaciones se agruparon en las semanas previas al 1 de octubre bajo la plataforma ‘SomDefensores’, constituida «para recoger y hacer asistencia a vulneraciones de derechos humanos en torno al 1 de octubre».

En defensa del referéndum ilegal

En el manifiesto fundacional, sus impulsores ya dejan clara la defensa del referéndum ilegal. «El referéndum de autodeterminación en Cataluña previsto para el 1 de octubre y pedido por una amplia mayoría de la ciudadanía catalana pretende determinar cuál es la relación de Cataluña con el Estado español. El referéndum es un mecanismo para visibilizar y transformar el conflicto político existente», argumentan. Después, arremeten contra la «respuesta represiva del Estado español con el fin de impedirlo, con actuaciones judiciales y policiales contra las instituciones catalanas democráticamente elegidas».

La plataforma promovió una Red de Observadores «para hacer el seguimiento necesario el 1 de octubre» sobre la posible «vulneración de derechos en contexto de protesta» y anunció acciones ante organismos internacionales.

Asimismo, la asociación Iridia se encargó de documentar los casos de presuntas violaciones de derechos humanos en la jornada del referéndum y ejerció como acusación de parte de Roger Español, el hombre que perdió la visión de un ojo durante la actuación policial en la escuela Ramón Llull de Barcelona. Español, según publicó OKDIARIO, participó ese día en diversas acciones de acoso y agresiones a los agentes.

Colaboración con Colau

La asociación Iridia nació en octubre de 2015, promovida por Huidobro y otros cuatro activistas y juristas, para «la defensa de los derechos humanos, en particular, por los civiles y políticos». «Apostamos por combinar la intervención directa ante situaciones de vulneración de derechos con el desarrollo de procesos de incidencia política y social que tienen como objetivo promover cambios en las políticas públicas. Todo ello, a través de una estructura estable, sostenible e independiente», dicen en su manifiesto fundacional.

Sin embargo, esa «independencia» no es tal. La organización mantiene una colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del servicio Saidavi (Servicio de Atención y Denuncia frente a casos de Violencia Institucional), en el que se ofrece asistencia «a las personas que sufran una situación de maltrato en el marco del sistema penal catalán».

La asociación ha desarrollado varios programas para el consistorio, dedicados a la ‘atención a víctimas de vulneraciones de los derechos humanos en prisión’ o los  ‘derechos  civiles y libertades en el espacio público’, así como la creación de un ‘servicio de atención y denuncia de situaciones violencia Institucional’, que se reforzó con ocasión del referéndum.

Como informó OKDIARIO, Iridia recibió hace un año una subvención pública del Ayuntamiento de Ada Colau por labores de asesoría en derechos humanos. El contrato lo firmó Jaume Asens, quien fuera abogado de Rodrigo Lanza en el caso ‘4F’, por el que fue condenado por dejar tetrapléjico a un guardia urbano durante un desalojo en 2006. Asens, según  informó este periódico fue quien ejerció de contacto con los golpistas para coordinar el 1-O, de acuerdo a las investigaciones de la Guardia Civil.