El as en la manga del Gobierno: bloquear la investidura de Puigdemont en el TC para obligarle a volver

El Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con un as para torpedear la investidura de Carles Puigdemont y meterle presión para que vuelva  a España, y en consecuencia, sea detenido:  un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que la Mesa del Parlament apruebe una reforma del reglamento para permitir su investidura a distancia. La opción ya es valorada por los servicios jurídicos de Moncloa.

La posibilidad de asumir la presidencia desde Bruselas, donde permanece fugado, está siendo valorada por el expresident y sus asesores. El reglamento del Parlament no indica expresamente que el candidato tenga que estar presente en la investidura, pero así se entiende de facto. El propio exconsejero de Presidencia, Jordi Turull, confirmó recientemente que esa opción está sobre la mesa.

El recurso del Gobierno, en caso de ser admitido a trámite, paralizaría cualquier reforma hasta un plazo máximo de cinco meses. Esto es, más allá del 7 de abril, que es el día en que se agotan los plazos para celebrar la sesión de investidura. Si por entonces no hay candidato, se volverían a convocar elecciones.

Esta circunstancia añade una presión total sobre el expresident, obligado a tomar una decisión en los próximos días, a sabiendas de que, en caso de volver, sería detenido de forma inmediata.

No sería la primera vez que el Ejecutivo recurre una reforma del reglamento del Parlament. En julio, el TC admitió a trámite por unanimidad el recurso promovido por el presidente del Gobierno para frenar la aprobación exprés de la ley que permitía el referéndum ilegal. En consecuencia, la ley quedó suspendida. En noviembre, el alto tribunal avaló la reforma siempre y cuando no excluyese la posibilidad de presentar enmiendas a los grupos.

La oposición también la impugnará

Al recurso del Gobierno se sumaría, según confirman fuentes de la oposición, la impugnación ante el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat, y que también tendría que pronunciarse, lo que llevaría su tiempo.

En las mismas fuentes se destaca así que la reforma del corpus jurídico del Parlament no sería ni mucho menos inmediato: para empezar, el reglamento establece que debe crearse una ponencia redactora para que elabore en un plazo de tres meses una proposición de ley que debe ser posteriormente aprobada por el pleno por mayoría absoluta. De nuevo se pone en duda, por tanto, que se pueda llevar a cabo antes de que el plazo a la investidura expire.

En el círculo de Puigdemont se meditan otras salidas, como-según avanzó ya OKDIARIO- que asuma una presidencia ‘simbólica’ desde Bruselas y delegue en un candidato alternativo la gestión del día a día del Govern. Una figura de ‘primer ministro’ que, según sus planes, asumiría Elsa Artadi, jefa de campaña de Junts per Catalunya y su mano derecha.

El problema de esta vía es que en ERC no están dispuestos a apoyar ningún ‘plan B’. Los republicanos mantienen que Puigdemont prometió durante la campaña que, en caso de ganar las elecciones, regresaría a Cataluña. «Con todas las consecuencias», insiste una fuente de la formación. Por ello, su ruta inmediata pasa por aumentar la presión para forzar su retorno y renunciar a cualquier otro nombre que proponga como alternativa. Si ERC boicotea la investidura de ese nuevo candidato, emergería la figura de Oriol Junqueras como presidenciable.

En ERC no han renunciado ni mucho menos a que su líder acabe presidiendo la Generalitat. De hecho, confían en que sea puesto en libertad el próximo 4 de enero, día en que el Supremo se reúne para valorar sobre su prisión preventiva. En ese caso, el candidato republicano jugaría con una innegable ventaja sobre el expresident. En las mismas fuentes se insiste además en que Puigdemont, aún en el caso de que sea investido en Bélgica, carecería de cualquier operatividad como president. Para empezar, porque ni siquiera podría votar en las sesiones plenarias.

Mientras, entre los asesores de Junts per Catalunya no dan todo por perdido: hasta el punto de considerar que, si Puigdemont regresa, podría librarse de una prisión preventiva al no existir, sostienen, riesgo de fuga. Un argumento desde luego poco verosímil.