Ángel Viveros, alcalde socialista de Coslada, procesado por un delito contra el patrimonio

Coslada es otro de los municipios de Madrid que el PSOE gobierna desde 2015 y donde acumula numerosas polémicas. El alcalde, Ángel Viveros, está bajo la lupa de la Justicia. Tiene pendiente el señalamiento de un juicio por un delito de prevaricación por el que la Fiscalía le pide casi 4 años de prisión. Como telón de fondo, la autorización que dio a unas obras sobre un yacimiento arqueológico de gran valor histórico.

Viveros se presentó a los comicios en 2019 sabiendo que una magistrada ya había dictado la orden de apertura de juicio oral. Sin embargo, el candidato lo ocultó a sus afilados y a la dirección del PSOE madrileño. No obstante, ahora aspira a un tercer mandato. Quiere volver a gobernar con Podemos y Más Madrid que no tienen problema en compartir Gobierno municipal con un procesado. De hecho, el presidente Pedro Sánchez le mostró su apoyo público en el controvertido vídeo con jubilados jugando a la petanca en el que vecinos supuestamente anónimos finalmente estaban ligados al PSOE.

A pesar de que el código ético del PSOE establece que con auto de apertura juicio oral se perderá la condición de afiliado, ahora redoblan la apuesta por su figura para un tercer mandato. La lentitud de la Justicia provoca que este asunto se arrastre desde 2018, aunque, en todo caso, como informan fuentes conocedoras del caso, la causa sigue abierta.

Ángel Viveros se deberá sentar el banquillo de los acusados para analizar si cometió delitos de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio histórico (artículos 320 y 323 del Código Penal, respectivamente) por dar a una conocida cadena de centros comerciales licencia para iniciar obras en un yacimiento arqueológico donde había restos del paleolítico. El Ministerio Público se muestra convencido de su culpabilidad y le pide casi cuatro años de prisión, una multa diaria de 12 euros durante 18 meses (6.480 euros) y una multa a pagar a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que asciende a los 2,2 millones de euros.

Según el fiscal del caso, el 10 de diciembre de 2010 la Junta de Gobierno del Consistorio de Coslada que encabezaba el primer edil, dio luz verde a la concesión del permiso a los empresarios para intervenir en la parcela con valor histórico de El Calvario. Conocían, pero hicieron oídos sordos a la obligación de solicitar una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, ya que ese yacimiento está protegido con el fin de decidir si merece la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural).

La Fiscalía sostiene que Viveros y su equipo «de forma consciente» desatendieron esa protección especial y, cuando las obras comenzaron en 2012, la maquinaria de obra eliminó una «parte considerable» de los restos. Se traduce, según la Comunidad de Madrid, en unos daños de 2,2 millones de euros.

A la postre, el Ministerio Público exige tres años y nueve meses de cárcel «y la inhabilitación especial para cargo público en cualquier Administración local (y para el ejercicio de funciones relacionadas con el urbanismo en cualquier otra administración) a lo largo de ocho años». Tras escuchar a la Fiscalía, la juez tumbó la solicitud del socialista, que pedía el sobreseimiento de la causa. Dio orden de abrir juicio oral contra él en un auto sobre el que no cabe recurso. Queda por determinar si el caso pasa al Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares por ser una pena de cárcel menor a cinco años, o salta a la Audiencia Provincial al contemplar también una inhabilitación para su cargo durante ocho años.

Este regidor del PSOE ya tuvo que abonar 8.640 euros como fianza junto a los otros tres imputados en el procedimiento judicial para «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles», según indica el Juzgado. Inicialmente, también estaba imputado el ex alcalde de la localidad, Raúl López (PP) pero finalmente no ha sido procesado. Junto al actual alcalde siguen bajo la sospecha de la Justicia, al que fuera concejal de Urbanismo, Antonio Murillo y dos técnicos municipales (el secretario general en funciones y el director de los Servicios Técnicos de Obras y urbanismo).