La amnistía permitirá borrar futuros actos terroristas: bastará decir que se planearon antes de 2023

La Ley de Amnistía presenta importantes lagunas y dudas para los propios juristas, que avisan que su aplicación puede ser un «coladero» de actos que, incluso, puedan cometerse en un futuro. En su estricta literalidad, la ley -que ahora se negocia de nuevo en el Congreso de los Diputados- daría cobijo a actos cometidos «con posterioridad» al «13 de noviembre de 2023» -cuando el PSOE registró el texto en el Congreso-, siempre y cuando su «realización» se hubiera iniciado antes de ese día. Ello afectaría, por tanto, a hechos calificados como terroristas, y que, de acuerdo al texto, quedan incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía.

En su informe, los letrados del Congreso ya avisaron sobre la «falta de determinación» en el «ámbito de aplicación» de la ley, «tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular», lo que, advertían, «puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica».

Actos terroristas

En concreto, la ley indica que «los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023 también se entenderán comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley aunque su ejecución finalizase con posterioridad a esa fecha». Ello permite suponer que un hecho terrorista que se hubiese planificado con anterioridad a ese día quedaría amparado por la amnistía. Así lo aseguran fuentes jurídicas, que llaman además la atención sobre la posibilidad de que no tenga ni siquiera que demostrarse un fuerte vínculo con el proceso independentista.

Y es que la ley establece que quedarán amnistiados los actos «ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias» así como otras acciones «aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración». Los juristas avisan que se podrá invocar esta ley en casos, incluso, de yihadismo, avanzando que es una vía a la que podrán acogerse los abogados en defensa de sus clientes.

Delito de terrorismo

El punto más polémico de la ley -y motivo que encalla la negociación entre Moncloa y el separatismo- es el que afecta al delito de terrorismo. La última versión del texto establece que la amnistía será de aplicación a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme. Únicamente se excluyen aquellos hechos que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario». Artículos que hacen referencia al «derecho a la vida» y a la «prohibición de la tortura».

Dicho en otras palabras, podrían ser amnistiados incluso hechos terroristas con el resultado de fallecidos si no se apreciase una «intención directa» en el resultado. Una definición amplia y ambigua que da amparo a numerosas conductas y que choca con la propia directiva de la UE de lucha contra el terrorismo.

La intención de Junts, no obstante, es ir más allá y suprimir cualquier alusión a los delitos terroristas, lo que supondría que la Ley de Amnistía los borraría por completo. Sostienen que ningún hecho cometido en el proceso separatista catalán podría ser considerado como tal.

Cómo queda finalmente este punto es la incógnita, después de que el partido de Carles Puigdemont haya tumbado la ley en el Congreso. El Gobierno dispone ahora de plazo hasta el 21 de febrero para alcanzar algún acuerdo. De lograrlo, el texto se votará de nuevo y seguirá su tramitación parlamentaria en el Senado.

A la espera de cómo avancen esas negociaciones, Pedro Sánchez presiona a Junts para que acepte la ley tal y como está. Para el presidente socialista, la Ley de Amnistía es «una ley valiente, reparadora y constitucional» que beneficiará a todos los encausados del procés porque, ha llegado a asegurar, «no son terroristas».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, no obstante, ha reafirmado que, desde la provisionalidad de este momento de la investigación, y sin perjuicio de ulterior calificación, los hechos cometidos por Tsunami y que son objeto de investigación sí serían susceptibles de ser calificados como terroristas, según el Código Penal.

Tsunami, ha concretado el juez, fue «una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia (…) cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva». Fines descritos en el delito de terrorismo.