Luzón y Bertossa puentean a Castellón y le escamotean los ‘papeles’ de los testaferros de Juan Carlos I

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el procurador suizo Yves Bertossa, han puenteado al magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, y le han escamoteado los documentos del sumario de Ginebra que investiga a los testaferros de Juan Carlos I. El fiscal helvético se comprometió con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que tiene abierta la conocida como pieza Carol sobre las cintas de Corinna Sayn-Wittgenstein, a entregarle el material de la causa P14783/2018, pero finalmente lo remitió por comisión rogatoria directamente a Anticorrupción.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes judiciales de Ginebra, Bertossa recibió instrucciones desde la jefatura de Anticorrupción para que toda la documentación fuera entregada exclusivamente a los fiscales españoles. El procurador del Cantón hizo caso omiso a las reclamaciones de la Audiencia Nacional y envió el dossier al edificio de la calle Manuel Silvela, donde tiene su sede Anticorrupción.

Con su actitud, Bertossa, incumplió el pacto al que había llegado con García-Castellón a finales de 2019, en los encuentros que mantuvo con el magistrado español en Ginebra y Madrid. Gracias a ese acuerdo, el instructor de la operación Tándem facilitó después de manera oficial al procurador suizo una copia de todas las cintas que Villarejo grabó a Corinna Sayn-Wittgenstein en los años 2015 y 2016, que han sido reproducidas por OKDIARIO. Esas grabaciones fueron los cimientos de la pieza número cinco -Carol- de las investigaciones contra el ex comisario, que sigue en prisión preventiva en la cárcel de Estremera desde noviembre de 2017.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial declararon a OKDIARIO que la actuación de los fiscales españoles y suizos, hurtando los documentos de la causa de Ginebra al juez instructor, incumple las más elementales normas deontológicas de las relaciones entre compañeros de instituciones judiciales: «Y más aún si ha existido un acuerdo previo que el magistrado español cumplió por su parte», añadieron.

Retraso injustificado

En julio pasado este periódico ya informó del malestar que se respiraba en la Audiencia Nacional por los retrasos de Bertossa en la entrega al juez Manuel García-Castellón de los documentos de las diligencias que la Procuraduría del Cantón de Ginebra abrió en agosto de 2018, contra la ex compañera sentimental de Juan Carlos I, Corinna Sayn-Wittgentein, y los testaferros de Dante Canonica, Álvaro de Orleans y Arturo Fasana por un delito de blanqueo de dinero. Bertossa inició sus pesquisas a partir de las cintas desveladas por OKDIARIO.

Se da la circunstancia de que el primero en viajar a Suiza para interesarse por la investigación sobre los testaferros de Juan Carlos I fue el magistrado Manuel García-Castellón. Su desplazamiento secreto a Ginebra se produjo el 17 de septiembre de 2019, después de que OKDIARIO desvelara en exclusiva que Bertossa llevaba casi un año investigando a los testaferros del anterior monarca.

En aquel encuentro con Bertossa, el magistrado español ya tuvo conocimiento de las pesquisas de su colega suizo. Incluso, pudo conseguir algún documento. De aquella primera reunión salió el compromiso de que el fiscal helvético le devolvería la visita a Madrid.

A García-Castellón le interesaba todo lo relacionado con la Fundación Zagatka y los testaferros de Juan Carlos I. Según las investigaciones suizas, los intermediarios financieros habrían utilizado esa fundación con sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, para ocultar el patrimonio del monarca. Zagatka había sido creada por los intermediarios hacía 15 años y entre los papeles de Bertossa figuraba una de sus cuentas abierta en 2009 en el Credit Suisse de Ginebra, desde donde se pagaban los jets utilizados por el Rey Emérito para sus viajes privados.

Bertossa se desplazó a la capital de España el 29 de octubre de 2019. Al encuentro con el magistrado también asistieron varios representantes de la Fiscalía Anticorrupción: su jefe Alejandro Luzón, Miguel Serrano e Ignacio Stampa, que investigaban el caso Villarejo, y Luis Pastor, que se ocupaba de las diligencias sobre las comisiones del AVE a La Meca.

En aquella reunión, que se celebró en la sede de Anticorrupción, se trató de las modalidades de ejecución de la comisión rogatoria y las especificidades del sistema suizo y español en materia de autoayuda, según reconocía el fiscal Bertossa en un documento que desveló OKDIARIO.

Acuerdo vulnerado

Los asistentes acordaron una cooperación judicial efectiva para avanzar en las pesquisas ya que en las investigaciones de Madrid y Ginebra existían puntos concomitantes. El propio Bertossa señaló a García-Castellón que necesitaba una copia de las cintas de Villarejo por vía judicial porque sus diligencias contra los testaferros de Juan Carlos arrancaron a partir de la información de OKDIARIO y carecía de las grabaciones. Quedaba claro que el magistrado era el único presente en la reunión que podía autorizar la entrega.

Por todo ello, el fiscal suizo se comprometió a facilitar dos copias de sus pesquisas por separado, una para la Fiscalía Anticorrupción y otra para el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Finalmente, la Procuraduría del Cantón de Ginebra sólo remitió el dossier al fiscal Luis Pastor que había solicitado la comisión rogatoria de la Fiscalía Anticorrupción el 9 de enero de 2020. La petición de ayuda judicial del Ministerio de Justicia a la Oficina de Justicia helvética por el procedimiento de urgencia fue cursada un mes después y el sello de entrada de la administración federal suiza está fechado el 10 de marzo.

La decisión fue adoptada por Bertossa a petición de la Fiscalía Anticorrupción una vez que ya había obtenido las grabaciones de Villarejo
Según fuentes conocedoras del caso, se podría haber vulnerado el principio de reciprocidad que se exige a los tribunales internacionales en materia de colaboración judicial.

La actitud de Bertossa y Alejandro Luzón ha provocado malestar entre algunos magistrados de la Audiencia Nacional, sobre todo porque fue García-Castellón quien promovió el pacto de colaboración entre Madrid y Ginebra. Tras la negativa por parte suiza de la entrega de los papeles al Juzgado del caso Tándem, aduciendo seguir instrucciones de Anticorrupción, deja en manos de la Fiscalía General el control de toda la documentación sobre los testaferros de Juan Carlos I.

Los ‘papeles’ en poder de Delgado

La documentación de Bertossa está en la actualidad en poder de la fiscal general Dolores Delgado, tras serle remitido por la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que los hechos podrían afectar al anterior monarca Juan Carlos, que disfruta de aforamiento en el Tribunal Supremo. Delgado nombró al fiscal del alto tribunal, Juan Ignacio Campos, para que se encargara del caso.

Mientras tanto, García-Castellón sigue instruyendo las 29 piezas del caso Villarejo, entre ellas la número 5 sobre las grabaciones de Villarejo a Corinna, sin la documentación de Ginebra. La Audiencia Nacional sería competente para iniciar una investigación en España sobre los testaferros de Juan Carlos I. Se da la circunstancia de que, aunque su primo Álvaro de Orleans tiene su domicilio fiscal en Mónaco, posee la nacionalidad española. Al mismo tiempo, como ya sucedió en el caso Gürtel, por el que fue procesado Arturo Fasana, éste también podría ser perseguido por los jueces nacionales.

Esa investigación nunca afectaría a Juan Carlos I porque era Rey de España cuando se produjeron los hechos y, por tanto, disfrutaba de una plena inmunidad penal. El apartado 3 del artículo 56 de la Constitución Española señala que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Ese estatus imposibilita que tanto el fiscal de Ginebra como el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional puedan iniciar una investigación sobre su supuesto patrimonio en el extranjero.