DISTURBIOS EN CATALUÑA

Un agente agredido por los CDR en Urquinaona declarará contra el jefe de la Policía de Marlaska

El agente gallego Ángel Hernández se ha personado en la causa abierta contra el director general de la Policía Nacional Francisco Pardo, nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Imputado el director de la Policía de Marlaska por desproteger a los agentes en los disturbios de Barcelona

Uno de los policías heridos en Barcelona es recibido entre aplausos en La Coruña

Amnistía
Disturbios en una protesta en Barcelona por el procés.

El agente gallego Ángel Hernández resultó herido mientras intentaba sofocar las revueltas en la barcelonesa Plaza de Urquinaona, junto a sus compañeros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) uno de los días más violentos vividos en la Ciudad Condal durante las manifestaciones de los radicales CDR: el viernes 18 de octubre de 2019. Un brutal impacto le dejó el brazo inmovilizado. Se trataba de una piedra que al parecer la habían lanzado desde arriba, a gran altura.

En total más de 283 agentes heridos. Como consecuencia de ello, una juez ha imputado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, nombrado para este cargo por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. OKDIARIO ha podido saber que el policía Ángel Hernández se ha personado en la causa en calidad de perjudicado. La magistrada solicitará durante este periplo judicial su versión de los hechos, que vivió en primera línea.

En una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la instructora Pilar Rovira acuerda la personación como acusación particular de este agente que podrá preguntar al investigado Pardo, a través de su representación letrada, «por qué se tomaron unas decisiones erróneas que dejaron desprotegidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante una avalancha de violentos independentistas», manifiestan a OKDIARIO fuentes consultadas.

La juez Pilar Rovira admite la personación en la causa del agentes Ángel Hernández en calidad de perjudicado.
La juez Pilar Rovira admite la personación en la causa del agentes Ángel Hernández en calidad de perjudicado.

Este policía coruñés pertenece a la octava UIP y fue destinado junto a sus compañeros a Cataluña para frenar las escenas bélicas que estaban apoderándose de Barcelona, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes independentista por un delito de sedición en concurso medial con malversación.

La violencia de los comandos CDR aumentaba cada día. El caos se apoderaba de la ciudad: habían tomado el aeropuerto de El Prat, las calles ardían y una batalla campal en la que predominó el lanzamiento de objetos se apoderó de la situación. Uno de esos artilugios impactó contra Ángel. «Varios adoquines voluminosos fueron lanzados desde arriba», aseguró en una entrevista. Recibió dos golpes: uno en el brazo y otro en el omóplato. El último amortiguó en el chaleco y «aún así, me ocasionó un derrame tremendo», explicó. El impacto en el antebrazo tuvo un peor resultado: fractura abierta de radio con desplazamiento y hueso astillado. Tuvo que ser operado de estas heridas.

El agente, que a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido que enfrentarse a duras situaciones como el accidente de tren de Angrois (Santiago de Compostela), asegura que los disturbios en Barcelona fueron uno de los momentos más duro de su carrera.

El director de Marlaska

El director de la Policía deberá ahora responder ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona que le ha imputado por un delito contra la seguridad de los trabajadores por incumplimiento del artículo 316 del Código Penal. Este artículo castiga a los que «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física». Este delito está penado con hasta tres años de prisión.

Esta causa fue abierta a raíz de una querella presentada por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol. El escrito subrayaba que se actuó de manera improvisada y no se dieron medios a los agentes para protegerse en la Operación Ícaro de Cataluña. Tanto es así que, según recoge la querella, los policías aprovechaban los momentos de menor intensidad para recoger material antidisturbios del suelo, que había sido extraviado durante los altercados. Incluso se vieron obligados a rebuscar entre material viejo o descatalogado para poder usarlo.

A estas graves deficiencias se suman otras como la no asignación de relevos o refuerzos de personal durante las protestas del Tsunami Democratic, organización investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional. Según la querella, «se tomó la decisión de no efectuar los necesarios relevos o refuerzos de personal» pese a que había agentes suficientes destinados en Cataluña en esas fechas.

Además, destacó «la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, tales como camiones de agua o vehículos blindados». Y, añaden, se tomaron decisiones erróneas como impedir el acceso de los vehículos sanitarios para la evacuación de los heridos.

Sin embargo, los violentos iban preparados: contaban con «armas de matar». Entre los objetos que lanzaban contra los agentes destacan bolas macizas de acero, que los CDR disparaban con tirachinas profesionales contra la Policía. El vigués Iván A.F. sufrió un traumatismo cranoencefálico después de que una de éstas impactara contra su casco sólo 15 minutos después de resultar herido Ángel Hernández.

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Bolas macizas de los CDR contra la Policía.

El agente perjudicado podrá ahora enfrentarse al jefe de la Policía nombrado por Marlaska y solicitar que se haga justicia.

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