Imputado el director de la Policía de Marlaska por desproteger a los agentes en los disturbios de Barcelona

La juez Pilar Rovira ha imputado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y al director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, en una causa en la que se investiga la presunta desprotección de los agentes durante los disturbios de Barcelona que tuvieron lugar tras conocerse la sentencia del 1-O. La cúpula policial se enfrenta a un delito contra la seguridad de los trabajadores castigado con penas de hasta tres años de prisión.

Esta causa fue abierta a raíz de una querella presentada por el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, tras los altercados que se produjeron en octubre de 2019 en Cataluña y que terminaron con un balance de 283 agentes heridos. El escrito, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 19 de la Ciudad Condal, criticaba duramente el dispositivo puesto en marcha durante los disturbios de Tsunami Democratic. 

El sindicato recalcó en la querella que se actuó de manera improvisada y no se dieron medios a los agentes para protegerse durante las revueltas de los independentistas. Tanto es así que, según narraba el escrito, los policías aprovechaban los momentos de menor intensidad para recoger material antidisturbios del suelo, que había sido extraviado durante los altercados. Incluso se vieron obligados a rebuscar entre material viejo o descatalogado para poder usarlo.

A estas graves deficiencias se suman otras como la no asignación de relevos o refuerzos de personal durante las protestas del Tsunami Democratic, organización investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional. Según la querella, «se tomó la decisión de no efectuar los necesarios relevos o refuerzos de personal» pese a que había agentes suficientes destinados en Cataluña en esas fechas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió a 3.000 policías a la Ciudad Condal, la mayoría pertenecientes a las Unidades de Intervención Policial (UIP o antidisturbios) y a agentes de la Comisaría General de Información.

También destacaban los agentes «la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, tales como camiones de agua o vehículos blindados». Y advertían de que se tomaron decisiones erróneas como impedir el acceso de los vehículos sanitarios para la evacuación de los heridos.

Esta sucesión de desaciertos en el operativo, según Chema García (secretario general de Jupol), les «ha llevado a judicializar este asunto y que sea ahora un juez quien determine el grado de responsabilidad de nuestros mandos».

Delito contra los trabajadores

El director general de la Policía Nacional y el DAO deberán declarar como imputados el próximo mes de marzo, según fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO.

Francisco Pardo y José Ángel González se enfrentan a un delito contra la seguridad de los trabajadores por incumplimiento del artículo 316 del Código Penal. Este artículo castiga a los que «con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física».

La querella fue archivada por la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. Pero el equipo jurídico del sindicato policial recurrió dicha decisión ante la Audiencia Provincial que dictó un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que ordenaba la reapertura de la causa.

Disturbios

A finales de octubre del 2019, las barricadas separatistas lideradas por los grupos más radicales, los denominados Comités de Defensa de la República, en Barcelona, estaban fuera de control. En esa fecha, los informativos se coparon de imágenes que reflejaban la violencia de los activistas radicales cargando contra la Policía y los Mossos.

Entre los casi 300 heridos se encontraba un agente de la Policía Nacional que tuvo que ser evacuado en un furgón herido de gravedad. El agente hacía frente a la batalla campal que los violentos CDR desataron en la Vía Layetana de la Ciudad Condal cuando fue golpeado por un objeto y cayó al suelo inconsciente.

Entre los objetos que lanzaban contra los agentes destacaron bolas macizas de acero, que los CDR disparaban con tirachinas profesionales contra la Policía.

Sin embargo, el ministro Grande-Marlaska se ha olvidado de condecorar a muchos de estos policías que participaron en la llamada Operación Ícaro de Cataluña, y cuya misión era asegurar las calles tras la violencia desatada por el separatismo bajo el pretexto de la sentencia del ‘procés’.

Marlaska rebajó el número de medallas a 322 porque para su Gobierno no era objeto de orgullo aplacar los ataques de los mismos separatistas con los que ha cerrado acuerdos políticos y alianzas en La Moncloa.  Para los separatistas, la defensa de la ley en Cataluña era un acto de «invasión» y Sánchez decidió esconder la labor policial. Y reducir el número de condecoraciones.