800.000 trabajadores públicos temporales piden a Sánchez e Iglesias que regularicen su situación

800.000 trabajadores temporales de la Administración vuelven a la carga tras el parón de la pandemia. En 40 ciudades de España, esta mañana, ha habido concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para pedir a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias «fijeza ya». No es un capricho. Hablamos de cientos de miles de trabajadores públicos que, en muchos casos, llevan más de 30 años en la Administración sumando contratos temporales sin que sean reconocidas su antigüedad y sus derechos. Una clara situación de fraude de ley contraria a las directivas europeas, a la legislación laboral y administrativa española y declarada por el Tribunal Supremo -en sentencia firme- como «abuso de la temporalidad». Quien incumple la ley de manera tan flagrante en este caso es la propia Administración sin que, pasando los años y los gobiernos, nadie la solucione. La Unión Europea ha advertido en varios ocasiones a España que la situación de estos 800.000 trabajadores públicos temporales es absolutamente ilegal y contraria a las directivas europeas.

Llegamos a la concentración de Madrid, frente a la Delegación del Gobierno, después de tardar, por la nieve y el caos circulatorio regalo de Filomena, una hora en un trayecto que habitualmente se hace en 15 minutos. Es la calle Miguel Ángel, al lado del lujoso Hotel Miguel Ángel que la pandemia dejó KO y cerrado. «Les estará viendo desde la ventana José Manuel Franco, Delegado del Gobierno. ¿Les va a recibir?», preguntamos. «No. Lo solicitamos y nos dijeron que estaba ocupado», contestan. «Pero no creo que ni esté ahí. Estará calentito en su casa teletrabajando», cuenta un trabajador del ministerio de Justicia que lleva 30 años encadenando contratos temporales.

«La solución es fácil», afirman. «El Congreso y el Senado aprueban nuestra regularización y ya está. No necesita más. Y todas las administraciones, obligadas a cumplirlo». Porque este problema afecta a las tres administraciones. «Además, el coste es cero euros -dicen- porque nuestros puestos ya están en la Administración. Pero no les interesa porque así controlan a la Administración, a los funcionarios… No nos quieren fijos y por libre sin pasar tampoco por el aro de los sindicatos». Denuncian el «chanchullo» de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras con las academias de oposiciones y las subvenciones que reciben los de Unai Sordo y Pepe Álvarez por los cursos de formación.

Los de Madrid, frente al despacho de Franco (José Manuel), son una veintena de valientes que han desafiado el hielo y la nieve que cubre la ciudad. Han venido a hacerse oír en nombre de los 800.000 com ellos. Como en Madrid, lo mismo ocurre en otras 39 ciudades a esa misma hora.

Están convocados por el Grupo Estatal de Trabajadores Temporales 15-F, llamado así en recuerdo a la enorme manifestación del 15 de febrero del año pasado que reunió, antes de la pandemia, a miles de interinos públicos en Madrid. Les respalda el  Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA). El estado de alarma, el confinamiento, el Covid, ralentizó la marcha de sus reivindicaciones, pero no las detuvo. Con estas concentraciones de este jueves en toda España, quieren volver a retomarlas con intensidad.

Llama la atención que son cientos de miles de trabajadores que se han organizado por su cuenta aprovechando las redes sociales al margen de los llamados «sindicatos de clase», UGT y Comisiones Obreras. Muchos de ellos, son ex militantes de estos sindicatos. Hablan pestes de ellos y con razón. Les han abandonado -dicen- «porque comen de la mano del Gobierno». «No les interesamos -dicen con decepción- porque el chanchullo de las academias y la subvenciones por cursos de formación». «Yo era militante de Comisiones y me di de baja», cuenta María, 55 años, toda su vida laboral temporal en la Administración madrileña. «Un día me dijeron que pedíamos privilegios. ¡Después de 30 años con contratos temporales!». María se contiene para no llamarles… sinvergüenzas, por ejemplo. «Han creado castas en la Administración y ellos defienden a los suyos y nada más», cuenta otro empleado público del ministerio de Justicia que prefiere mantener el anonimato. «Estos son los sindicatos UGT y Comisiones -cuenta un manifestante- que todos los meses, al salir los datos del paro, denuncian la temporalidad del mercado laboral». «¡Serán caraduras!», estalla. «A nosotros, 800.000, nos tiene abandonados». «La Administración española -afirma otro- es, como ha denunciado Europa, la mayor bolsa de trabajo temporal de nuestro país y la consienten los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Y la consiente este Gobierno de PSOE y Podemos llamado progresista».

El problema es especialmente grave en los sectores más estresados por la pandemia. Los hospitales públicos y Centros de Salud están plagados de temporales a los que se les llega a hacer contratos de 1 día. «El peso de las Urgencias del Covid -señalan- lo están llevando médicos y enfermeros temporales. A nosotros -frente a los funcionarios- nos encargan siempre los turnos más duros y los que nadie quiere». En Canarias, los médicos temporales y 11.000 funcionarios de la Administración autonómica han empezado una huelga indefinida contra el gobierno socialista de las islas. La ministra de Función Pública, Carolina Darias, canaria, que va a ser nombrada ministra de Sanidad, por ahora -denuncian- se lava las manos con su situación. «Mucha reunión, mucho grupo de trabajo… pero nada». El mismo panorama en la Educación, con los profesores y la Formación Profesional; en la Justicia… En Cantabria, el simpático y televisivo, Miguel Ángel Revilla, que va regalando anchoas por donde puede, les ha regalado para empezar el año, a los temporales públicos de la comunidad, una ley que -según ellos- los deja en la calle después de décadas de trabajo. El presidente cántabro podría dejar los monólogos en televisión (sugiere algún manifestante) y hablar con estos trabajadores que sirven en su administración.

Un asunto real del que bien podrían ocuparse, también, Irene Montero, ministra de Igualdad y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, si superaran los celos políticos… y alguno que otro más… que en los mentideros cuentan siente Montero hacia el protagonismo de Díaz, muy cercana a Pablo Iglesias. Porque las estadísticas indican que este grave problema laboral (un incumplimiento evidente de la legalidad por parte del Gobierno) afecta, sobre todo, a mujeres y mayores de 50 años. «¿Dónde vamos a ir a estas alturas después de 30 años con contratos temporales?», nos cuenta María. «¿Qué pretenden?. ¿Que nos mantenga el marido?». «Ni eso», responde una compañera a su lado. «El mío está en un ERTE desde marzo y lo van a terminar echando. Yo no quiero vivir de los 400 euros que nos de el Estado».

Venir a esta pequeña concentración en Madrid que, como en otras 40 ciudades representa a cientos de miles de trabajadores abandonados a su suerte por gobernantes y sindicatos, ha sido un baño de realidad.

Si Pedro Sánchez pisara algún día la calle, podría tomarle el pulso a los ciudadanos de a pie sin creerse lo que le cuenten los informes oficiales de Iván Redondo. Si Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz (juntos o por separado, si no se llevan bien) pisaran el barro alguna vez y salieran de sus despachos enmoquetados y calientes o de sus viviendas de lujo, sería un avance. Si dejaran de vivir en el mundo virtual de Twitter, se lo agradecerían los ciudadanos que pagan sus copiosos sueldos. Estos 800.000 trabajadores temporales de la Administración eran «la gente» cuando estaban en la oposición. Ahora, ni los reciben.

Pero a Sánchez, Iglesias o Montero, les pasa con la realidad lo que a Marlaska con la nieve de Madrid. La ven por la tele y no les parece «catastrófica».