71 asesinatos de ETA como el confesado ahora por Ternera quedaron impunes por la amnistía de 1977

Un total de 71 asesinatos de ETA, como el del alcalde de Galdácano Víctor Legorburu en 1976, en el que participó Josu Ternera, tal y como ha confesado él mismo en un documental Jordi Évole, quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977.

La ley, que fue aprobada el 14 de octubre de ese año, con 296 votos a favor, 18 abstenciones, 2 votos en contra y uno nulo, dejó impunes los asesinatos de ETA cometidos entre 1968 y 1977. El primer artículo de la ley establecía que quedaban amnistiados «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado». De este modo, los asesinatos de guardias civiles, políticos, camareros, obreros, taxistas, empresarios y un largo etcétera de inocentes, incluido Legorburu, ametrallado en la puerta de su casa, hasta completar la lista de 71 fueron ‘perdonados’ a sus verdugos. En total, fueron 1.232 los etarras amnistiados, de los cuales 676 volvieron a delinquir.

Además de Ternera, algunos de los más sanguinarios asesinos de la banda como Francisco Múgica Garmendia, que mató a 37 personas en 22 atentados; Jesús María Zabarte, conocido como el Carnicero de Mondragón, responsable de 17 asesinatos, o Santi Potros, autor de la matanza de Hipercor, donde murieron 21 personas y 45 resultaron heridas, también resultaron amnistiados y regresaron a las armas.

Así, un 55% de los terroristas de ETA que se beneficiaron de esta medida de gracia aprobada por el Gobierno de Adolfo Suárez con el espíritu de construir una «reconciliación nacional» y enterrar «la Guerra Civil y la división entre españoles», decidieron desdeñar la generosidad y la oportunidad de reinserción que les brindó el Estado en pro del llamado «espíritu de la Transición» para volver a integrarse en la banda, tal y como recoge un estudio realizado por expertos antiterroristas en 1996 y del que se hizo eco la prensa del momento.

Las 18 abstenciones para la aprobación de esa Ley de Amnistía fueron de Alianza Popular, cuyo diputado Antonio Carro puso de manifiesto ese día en la Cámara Baja sus reticencias a una medida que, vaticinó, se traduciría en un «fermento de inseguridad social». Un presagio que se hizo realidad con un reguero de 785 muertos a manos de ETA después de la amnistía.

«Me temo que la amnistía que nos proponéis, en lugar de contribuir a la reconciliación nacional, que en mi idea es algo que estamos palpando afortunadamente, se traduzca en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad. En este clima de público desorden ¿queréis más amnistía? Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley. Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores», afirmó Carro.

Unos argumentos similares a los que ahora esgrime, no sólo la oposición, sino algunos sectores del propio PSOE, en contra de la amnistía a los encausados por el procés, máxime cuando Carles Puigdemont ha avisado de que Junts «ni ha renunciado ni renunciará» a declarar la independencia de Cataluña por la vía de la «unilateralidad».

Para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «pedir una amnistía es negar la existencia de la propia democracia». Por su parte, Pedro Sánchez, que ahora evita pronunciarse sobre este aspecto porque su investidura depende de esa amnistía, afirmaba hace menos de un año que el Gobierno no iba a aceptarla porque «no entra ni en la legislación ni en la Constitución española».