No habrá condenas antes del 21-D: una de las razones de Rajoy para acelerar las elecciones

Una de las razones del presidente del Gobierno para convocar cuanto antes las elecciones en Cataluña fue el convencimiento de que antes del 21 de diciembre no habrá sentencia en el proceso judicial contra los dirigentes independentistas.

Aunque el proceso judicial parece transcurrir con rapidez —Puigdemont y sus ex consellers están citados en la Audiencia Nacional este mismo jueves y viernes— es imposible que las sentencias lleguen antes de la fecha prevista para los comicios. Ello evitará, se sostiene en fuentes del PP, que los independentistas puedan «victimizarse» todavía más.

En Moncloa no dudan de que ésa, la del victimismo, será la principal estrategia del mundo separatista de cara al 21D. Sobran los precedentes. Y este mismo martes, desde Bruselas, Carles Puigdemont insistió en esos mismos argumentos: la «politización» de la Justicia, la «falta de libertades» y la «represión» del Gobierno.

«La justicia española no persigue delitos, sino ideas. Y con mi presencia en Bruselas quiero dejar patente el grave déficit democrático que hay a día de hoy en el Estado español», denunció el president destituido, en un momento de su intervención, en la que reclamó la atención de las autoridades europeas.

En el Gobierno no hay dudas de que los secesionistas harán campaña de todo aquello que consideren  una «agresión» del Estado de Derecho. Y en eso destacaría, como ninguna, una eventual condena al Govern.

Basta ver la reacción al encarcelamiento de los denominados ‘Jordis’, los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, imputados por sedición. Ambos permanecen en prisión desde el pasado 16 de octubre y desde entonces, el entorno independentista los ha convertido en unos auténticos ‘mártires’ del procés. Una sentencia a Puigdemont sería un argumento de caramelo.

Desde el PP se trata ahora de caricaturizar los pasos del independentismo. Se considera que la última decisión del ex president, su viaje a Bélgica, es fruto de una huida hacia ninguna parte y no deja de resultar esperpéntica. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, le instó este martes a dejar de hacer el «botarate». «Como decía Tarradellas, en política se puede hacer muchas cosas pero no el ridículo», ironizó en valoración a la comparecencia de Puigdemont desde Bruselas. Y añadió que los «movimientos» del ex jefe del Govern «ya no sólo resultan fruto de una ópera bufa, resultan peripatéticos».

En el partido han recibido con agrado el golpe de efecto de Rajoy con esa convocatoria electoral exprés, pese a que, en su momento, Génova apostó por dilatarlas unos meses, hasta calmar la situación en Cataluña. Ahora celebran la decisión porque, consideran, ha dejado «descolocados» a los separatistas.

Al limitar los tiempos, además, se evita el desgaste que pueda provocar la aplicación del 155, una medida inédita que provocaba mucha incertidumbre en el Ejecutivo y que desde la sede nacional del PP destacan que se está ejecutando de manera «exquisita» en los tiempos y en las formas.

La convocatoria inmediata era reclamada por PSOE y Ciudadanos y, de hecho, el propio Rajoy admitió, en su comparecencia el mismo viernes, que algunas medidas eran idea de esos partidos.

Los ‘populares’ ya empiezan a engrasar la maquinaria para las urnas. El presidente ordenó esta semana al partido, en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, ponerse a disposición del PPC y de la organización electoral. Para Rajoy, los ‘populares’ son un «valor seguro» para el electorado, porque, según dijo, en fuentes presenciales, «todo el mundo sabe lo que van a hacer» en «situaciones difíciles».

Pero al tiempo que el partido se volcará en la campaña, el presidente prefiere mantener un perfil bajo. Su intención, según fuentes de la dirección del PP, es «modular» su presencia en Cataluña, con lo que su asistencia podría reducirse a actos puntuales, los más significativos. La intención es evitar, de nuevo, que los independentistas puedan utilizar la presencia de miembros del Gobierno en la comunidad con fines electorales.