El banco del hipotecazo de Iglesias fue responsable civil de una estafa de 5 millones a ancianos

Caja de Ingenieros, el banco «ético» que ha concedido la polémica hipoteca a Pablo Iglesias e Irene Montero para la compra de su chalé, lastra uno de los mayores escándalos de la práctica bancaria de los últimos años: en 2012, fue declarado «responsable civil subsidiario» de una estafa de cinco millones de euros a varios clientes, la mayoría, de edad avanzada y con las facultades mentales mermadas. El juez constató además que Caja de Ingenieros no había llevado a cabo ninguna auditoría interna en la oficina entre 1999 y 2000, años en que se cometió el delito.

Por los hechos fue condenado, a dos años de cárcel,  Jordi Barellas, entonces director general de la sucursal de Barcelona, la principal oficina de la entidad. Según la sentencia, entre 1999 y 2002, Barellas estafó la cantidad millonaria a sus clientes ‘VIP’ valiéndose de la confianza que los clientes tenían depositada en él.  Su exmujer, Elisabeth Cristina Vinciguerra, fue también condenada dos años de cárcel y multa de 1,6 millones de euros por blanquear parte del dinero estafado.

Otros imputados

En la causa fue imputado también el entonces director general de la entidad, Hilario Lorente, por, presuntamente, haber extorsionado a una de las clientas para que firmase un acuerdo y declinase a denunciar los hechos. Lorente quedó absuelto en el inicio del juicio al retirar el fiscal la acusación puesto que la anciana había dado marcha atrás antes de morir.  Según esa acusación, Lorente habría amenazado a la mujer diciéndole que no recuperaría más de 900.000 euros estafados directamente de su cuenta corriente si denunciaba los hechos.

El condenado obligaba a sus víctimas a firmar cheques en blanco, las falsificaba o, directamente, hacía uso del dinero de sus cuentas

Barellas reconoció los hechos, aunque el fiscal decidió finalmente rebajar la petición de cárcel de seis a dos años al concurrir la eximente de alteración psíquica por la esquizofrenia que se le diagnosticó tras cometer la estafa.

Según la sentencia, el banquero se sirvió de varios métodos para cometer el delito: desde falsificación de firmas hasta hacerles firmar a las víctimas cheques en blanco que luego rellenaba o, directamente, hacer uso de sus cuentas bancarias.

Además de la estafa, la sentencia determinó que Barellas, cuyo salario final dependía de comisiones, indujo también a sus clientes a que contratasen productos financieros y fondos de inversión en condiciones fuera de mercado y en operaciones de alto riesgo. Después, les ocultaba su situación financiera y las pérdidas que conllevaba la inversión.

«Fraude bajo control»

Conocido el escándalo, y pese a estar imputado por un supuesto delito de coacciones, Caja de Ingenieros reafirmó a Lorente como director general, un puesto que había ejercido desde la fundación de la entidad, en 1967, y que mantuvo hasta que, en 2006, fue relevado por Joan Cavallé, aún en el cargo. En un comunicado, el banco se defendió del escándalo asegurando tener «el fraude bajo control». 

El condenado habría cometido la estafa para satisfacer los caprichos de su esposa, una prostituta de origen argentino a la que había conocido en un local de alterne de Barcelona y que le reclamaba viviendas de lujo y coches de alta gama. Pese al intento de Barellas de complacer todos sus deseos-y no dudar en estafar a sus clientes para conseguir el dinero que hiciese falta-la mujer acabó abandonándole.

Al percatarse de que la Policía investigaba los hechos, Barellas se dio de baja en el trabajo y solicitó el ingreso en un centro hospitalario para tratarse de una depresión.

En el proceso fue imputada también la secretaria de la sucursal, Mireia Lifante, por, presuntamente, haber colaborado en la comisión de la estafa. No obstante, quedó finalmente absuelta al no poder demostrarse que tuviera conocimiento de las prácticas fraudulentas del acusado.