El futuro conseller de Interior alentó a la Policía Local a desobedecer las órdenes judiciales el 1-O

Miquel Buch, la apuesta de Carles Puigdemont para ocupar la Conslleria de Interior, alentó a los policías locales a desobedecer las órdenes de la Fiscalía durante el 1 de octubre para requisar urnas y todo el material destinado a preparar y celebrar el referéndum ilegal. 

Buch, por entonces presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), alentó a los alcaldes asociados a dejar sin efecto esa orden e informar por escrito a la Fiscalía. Para ello, remitió a los regidores un modelo de escrito, en el que se recordaba que la instrucción entraría en contradicción con el acuerdo de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, de julio de 2015, según el cual «si bien las Policías Locales son Policía Judicial en sentido genérico, no lo son en sentido estricto», por  lo que, según Buch, no estarían obligadas a respetar esas indicaciones.

«Dicho acuerdo va más allá y establece que, en el caso de que los jueces autoricen las Policías Locales a realizar actividades propias de la Policía Judicial Específica al margen de lo previsto por la legislación vigente, las resoluciones de autorización del juez serán recurridas de forma inmediata por la Fiscalía», opinaba Buch.

En concreto, la instrucción de la Fiscalía obligaba a Mossos, Guardia Civil y Policía a desactivar la organización y celebración del referéndum, elaborar atestados sobre las actividades preparatorias, remitir el informe con urgencia a la Fiscalía competente, «practicar las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles» y «adoptar las medidas necesarias para evitar la consumación o agotamiento de los delitos, requisando urnas, sobres electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos y otra material de difusión, promoción o ejecución del referéndum».

Las órdenes, de la Fiscalía Superior de Cataluña, fueron trasladadas al entonces major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote. En paralelo, el Fiscal Jefe Provincial de Barcelona ordenó a los Jefes de las Unidades de Policía Judicial de los Mossos a dirigirse por escrito a los jefes de policías locales de cada demarcación o territorio para que, en el ejercicio de funciones de policía judicial, diesen cumplimiento a esas instrucciones.

El ministerio público recordaba además a los mandos policiales que la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum «hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores» puedan constituir delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que recuerda está penado con hasta ocho años de cárcel.

Buch fue citado a declarar ante la fiscalía por un presunto delito de desobediencia por firmar, como alcalde de Premià de Mar (Barcelona), una copia del decreto de referéndum ilegal, en señal de apoyo, y alentar la rebelión de los alcaldes.

Además, la fiscalía se querelló contra Buch y Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, por contribuir a la promoción, organización y celebración del referéndum.

La querella, admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, detallaba que ambos habían realizado «actos inequívocos de promoción y organización» del referéndum pese a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC), con el envío a los alcaldes catalanes del modelo de decreto de alcaldía a favor del referéndum y de los carteles de promoción de la campaña.

Buch, convencido independentista, renunció a la presidencia de la ACM tras ser designado por Carles Puigdemont para ir en sus listas.

Bajo su presidencia, la asociación impulsó innumerables actos en favor de la secesión y de sus dirigentes. Entre ellos, el viaje de alcaldes para visitar a Carles Puigdemont durante su fuga en Bruselas.