Estos son los malnacidos que se ríen de la Leucemia de una persona

Enric Nomdedéu y Mireia Mollà son los dos cargos de Compromís que se han mofado del deterioro físico producido por el cáncer en el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

Enric Nomdedéu es actualmente secretario autonómico de Empleo y director general del Servef de la Generalitat Valenciana y cobra actualmente un sueldo de 58.744€ pagado por todos los valencianos. Antes de recalar en este puesto, concretamente en septiembre de 2016, su carrera política se había desarrollado en el Ayuntamiento de Castellón, del que fue concejal desde el año 2003 por el Bloc. Posteriormente, entre los años 2011 y 2015, ejerció como diputado de la Diputación de Castellón.

No es la primera vez que Nomdedéu se ve envuelto en una polémica. En febrero de este año el PP de Castellón acusó al secretario autonómico de Empleo de supuestamente injuriar a los populares al decir en un acto público que el PP extorsionaba a empresas de la provincia.

Según desvelaba el diario La Razón, poco antes de ser nombrado en su actual cargo, siendo Nomdedéu responsable de una gestoría que asesoraba a la clínica privada Santa Teresa, dejó una deuda por impagos a la Seguridad Social de 15.000 €, correspondientes, según fuentes de la antigua directiva del centro, a las nóminas de los empleados y a las tasas del IRPF. El padre de Nomdedéu se hizo entonces cargo de la deuda generada por su hijo, lo que evitó que la dirección del centro emprendiera acciones legales contra él.

Mireia Mollà es diputada de Compromís (Iniciativa, Bloc y Los Verdes) por Alicante en las Cortes Valencianas y percibe un salario de 60.648 € anuales. Esta es su segunda legislatura en el parlamento valenciano, en el año 2007 fue elegida diputada por la provincia de Alicante, acta que revalidó en las autonómicas de 2011.

La figura de Mollà tampoco ha estado exenta de polémicas. Según publica Alicante Plaza, la concejal de Turismo de Elche y diputada autonómica intentó que la policía local de Elche pasara por alto ciertas irregularidades de un pub para evitar su cierre durante la celebración de Nochevieja. Los agentes se presentaron en el local sobre las 01:04 horas y comprobaron que el mismo tenía licencia como cafetería sin música y un aforo para 73 personas. En ese momento había unas 150 personas disfrutando de una fiesta de Nochevieja en toda regla.

Cuando los policías iban a proceder a actuar contra los dueños, según el atestado policial, la concejal Mollà se acercó a ellos, se identificó y pidió que hicieran la vista gorda. Lo policías locales informaron a la concejal «varias veces» sobre la «legislación vigente», lo que provocó que Mollà cogiera el teléfono y, siempre según el atestado, procedió a llamar al jefe de la Policía Local para ver si podía revocar la orden de los agentes.