El Gobierno interviene la Hacienda catalana y asume el pago de facturas

El Gobierno establecerá a partir de la próxima semana un nuevo mecanismo de control de pagos para asegurar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y evitar desvíos de cara a la celebración del referéndum ilegal. La medida se adopta después de que, este jueves, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, informase a Hacienda de que no seguirá remitiéndole el informe semanal sobre sus gastos, como así se le requería desde el mes de julio.

El control irá destinado a «garantizar que ningún euro irá destinado a una actividad ilegal» y a asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa este viernes. El acuerdo ha sido adoptado en el Consejo de Ministros de este mismo viernes y Montoro ha avanzado que las medidas serán explicadas la próxima semana en el Congreso.

Los acuerdos, ha explicado, establecen «un novedoso sistema de pagos por el que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma».

Así, se requiere al presidente Carles Puigdemont que en el plazo de 48 horas a partir de la publicación del acuerdo apruebe y comunique al ministerio un acuerdo de ‘no disponibilidad’ sobre su presupuesto. Si no es así, el Gobierno asumirá ya el pago de las facturas de los servicios públicos fundamentales de Cataluña-Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales- incluyendo las nóminas, a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Según Montoro, la finalidad es que «ni un euro» se destine a la ilegalidad y a garantizar de que todo el mundo «cobra en plazo». «Está en juego el interés general de los catalanes y la estabilidad presupuestaria y la defensa de la ley», ha advertido.

La Comunidad autónoma deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes, en un informe que irá firmado por la Intervención de la Generalitat. Una vez se reciba la información, el Estado pagará directamente todos los servicios públicos.

Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat tendrán además que ser aprobadas por el ministerio de Hacienda. Asimismo, se obliga a los proveedores de la comunidad autónoma a presentarse a través del punto de entrada de facturas.

«Es imposible que no cumpla»

El ministro no ha avanzado si el Gobierno aplicará el artículo 155, en el caso de que el presidente catalán se niegue a facilitar esa información, como así se recoge también en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en la que se basa este acuerdo.

Montoro ha considerado que «es imposible que- el gobierno catalán- no cumpla» las medidas. «¿Nos va a decir que no paguemos los servicios públicos?», ha ironizado.

El ministro de Hacienda considera que «hasta ahora» se ha podido verificar que no se han producido desvíos de dinero público para el referéndum, siempre y cuando, dando por buenos los informes remitidos por la propia Generalitat. «De lo que se trata es de asegurar lo que se produzca a partir de ahora», ha añadido.

Este jueves, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, envió una carta al ministerio en la que se le informaba de que no continuará proporcionando a Hacienda los informes semanales con las partidas de gastos del FLA al considerar que el trámite responde a un «control político» y no a objetivos de «estabilidad presupuestaria».

El Supremo rechazó este mismo viernes la petición del Gobierno independentista de suspender la obligación mientras se resuelve el fondo recurso interpuesto por la Generalitat.

Esta medida fue adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de julio para controlar los posibles desvíos de dinero público para sufragar la organización del referéndum ilegal.

Tras recibir esta carta, Montoro advirtió a Junqueras de las consecuencias de incumplir la ley y le anunció que desde su departamento se adoptarían «las medidas necesarias para asegurar que la Generalitat se atiene al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria». Hacienda rechazó también que

Hacienda también rechazó que Junqueras se amparase en las leyes de desconexión para no enviar los informes semanales. «El contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios, sino que representan un ataque directo a los mismos”, se lee en la carta.

Asimismo, el ministro descartó que el requerimiento sea un control político, como argumenta textualmente Junqueras en su carta, y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos. «En definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales», apuntó en la misiva al vicepresidente catalán.