Cinismo de Díaz tras encubrir a Errejón: multa de 225.000 € a empresas sin protocolo antiacoso sexual

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de la coalición Sumar, obliga desde hace varios años a empresas, patronales y otros organismos a tener un Plan de Igualdad que incluya un protocolo contra el acoso sexual y laboral. Los que no cumplan este requisito, la Inspección de Trabajo puede imponer multas económicas que, en función de su gravedad, llegan hasta los 225.000 euros. Díaz ha admitido esta semana que conoció una denuncia por acoso sexual contra Iñigo Errejón, portavoz de Sumar, pero que no la investigó.

De acuerdo con la Ley de Infracciones y Sanciones, las empresas y autónomos con trabajadores que no cumplan y no tengan un protocolo contra el acoso sexual serán multadas por la Inspección de Trabajo con sanciones que dependen de la gravedad de la infracción. Estas sanciones económicas van desde un mínimo de 7.500 euros a un máximo de 225.018 euros:

• Multas de 7.501 euros a 30.000 euros para infracciones leves.
• Multas de 30.001 euros a 120.005 euros para infracciones graves.
• Multas de 120.006 euros a 225.018 euros para infracciones muy graves.

Se trata sólo de las sanciones administrativas. Si la gravedad del caso llegase a los tribunales, habría que sumar entonces las multas impuestas por el tribunal a la empresa en cuestión si se demuestra que no tenía activado el protocolo contra el acoso sexual y laboral que exige la norma aprobada por Díaz. O si, aunque lo tenga activado, se demuestra que no ha sido efectivo.

«¿La ministra obliga a las empresas y a los autónomos a tener el plan antiacoso laboral y sexual e impone sanciones importantes y luego ella no tiene ese protocolo en su partido político?», se preguntan fuentes empresariales. «Hubiese estado bien que ella se aplicara el cuento y que, igual que obliga a los demás a tener ese protocolo, ella lo hubiese demostrado en su casa», insisten estas fuentes.

Además, Díaz firmó antes de verano un acuerdo con las patronales y sindicatos para implantar en las empresas otro plan de igualdad para las personas LGTBI, con el objetivo de acabar con las discriminaciones sexuales y laborales contra estos trabajadores. Todas las compañías de más de 50 empleados están obligadas a tener este protocolo.

En esta norma incluso se determinó que las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de impartir cursos de formación LGTBI a toda su plantilla.

Pero, en efecto y pese a todo, la ministra de Trabajo no ha aplicado estos planes de igualdad y estos protocolos en su casa, en Sumar, en el reciente caso de las denuncias por acoso contra Errejón. Según ha admitido la propia Díaz, ella conoció la denuncia contra Errejón en el verano de 2023 pero no la investigó internamente porque -dice- estaba en plena campaña electoral -las elecciones fueron en julio-.

La obligación de tener un plan de igualdad y un protocolo contra los abusos laborales y sexuales incluye también a sindicatos como UGT y CCOO, y a organizaciones empresariales y de autónomos como CEOE, ATA o UPTA. Plan de Igualdad por ejemplo tiene también el Congreso de los Diputados desde el año 2020. «Si tenemos obligación las empresas, los sindicatos y las patronales, también los partidos políticos. Que aplique en su casa lo que exige a los demás bajo multas y sanciones», señalan las fuentes consultadas.