Yolanda Díaz impone a las empresas un Plan LGTBI con multas de 150.000 euros sin explicar en qué consiste

El Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz impondrá a las empresas un Plan LGTBI para evitar la discriminación en el ambiente laboral desde el próximo 2 de marzo. Sin embargo, el Gobierno aún no ha establecido «el reglamento que desarrolle el contenido y alcance de las medidas que se han de adoptar» en el ámbito empresarial, según Rubén Ouro, abogado y socio de Atlántico Abogados. Es decir, las compañías con más de 50 empleados se ven obligadas a desarrollar un plan para que la Administración no les imponga una multa de hasta 150.000 euros sin saber en qué consiste.

El protocolo nace en la Ley «para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derecho de las personas LGTBI». La disposición legal establece que «las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar (…) con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI».

Problemas del Plan LGTBI

Sin embargo, el sector privado no sabe como conciliar esta Ley con el resto de normativas. «Las empresas se encuentran en una situación de indefensión y desconcierto ante la falta de desarrollo del reglamento específico para el Plan LGTBI» de Díaz, afirma la consultora Adaptalia. «A pesar de la obligación legal de tener un Plan LGTBI el 2 de marzo, la ausencia de directrices claras genera la imposibilidad de implementarlo y aumenta el riesgo de recibir sanciones».

Jessica Guerrero, abogada laboral en Grupo Adaptalia, explica a OKDIARIO que el artículo 16.1 de la LISO (Ley de Infracción de Orden Social) establece que «las empresas que soliciten a las personas trabajadoras datos de carácter personal como la orientación sexual o la identidad de género, incurrirían en una infracción muy grave».

«Esta disposición plantea un obstáculo insalvable para la elaboración del informe de diagnóstico requerido para el colectivo LGTBI, ya que se necesitan datos cuantitativos y cualitativos sobre diversas áreas que se dirigen específicamente a este colectivo. Sin embargo, la ley prohíbe expresamente la recopilación de este tipo de información, lo que imposibilita el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el Plan LGTBI», argumenta Adaptalia.

Es decir, los juristas consideran que el Plan LGTBI es un auténtico reto para las empresas dado que es difícil conciliarlo con la LISO. Por su parte, el Gobierno sigue sin dar respuestas a menos de un mes de su obligatoriedad.

Las empresas están desorientadas

Además, «para elaborar el plan de igualdad del colectivo LGTBI, las empresas están a la espera de que se publique el reglamento que recoja el alcance y contenido de aquellas medidas. Entendemos que vamos a tener que realizar un informe de diagnóstico porque entendemos que va a ser muy similar al Plan de Igualdad», según Guerrero.

Es decir, las compañías están dando pasos a ciegas para que el Plan esté preparado el próximo 2 de marzo. Las empresas se guían por los protocolos ya existentes, pero sin contar con un marco específico a menos de un mes de su implantación.

Según Ouro, la falta de este marco «complica la implementación efectiva de un protocolo que garantice y desarrolle los derechos de las personas LGTBI tratando todos los puntos que el legislador pretende».

«A mi forma de ver, esta ausencia de reglamento las empresas podrían resolverlo implementando un protocolo genérico, destinado a proteger los derechos de este colectivo, estableciendo un canal de denuncia, un procedimiento de instrucción de la denuncia y un seguimiento de los expedientes, así como medidas de igualdad efectivas, que cuando se apruebe el reglamento habría que adaptar», explica.

Además, el profesional de Atlántico Abogados considera que va a ser imposible que se comience a sancionar a partir del 2 de marzo como pretende Díaz: «La lógica nos invita a pensar que no se procederá a denunciar ni a atacar a las empresas que no aprueben dicho plan cuando no existe un contenido que nos ha de venir reflejado en el reglamento».

Fuentes empresariales solventes afirman a este periódico que existe un clima general de preocupación e incertidumbre. El sector privado, los sindicatos y Yolanda Díaz aún se encuentran en negociaciones sobre la forma de implementar el Plan LGTBI, pero la falta de acuerdo hasta el momento genera inseguridad jurídica.