Transporte

Las VTC reclamarán 1.000 millones a la Generalitat si liquida a Uber y Cabify en Cataluña

El consejero Damià Calvet, dispuesto a exigirles una contratación del servicio con 6 horas de antelación, lo cual liquidaría la mayoría de trayectos de estas VTC.

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La patronal de las VTC ha confirmado que solicitará a la Generalitat indemnizaciones si legislan en contra de la pervivencia de Uber y Cabify, las dos principales empresas que funcionan con dichas licencias. Según ha indicado Unauto en una rueda de prensa este jueves en Barcelona, «Asistimos una vez más al secuestro de Barcelona por parte de la facción más radical del taxi, que no ha dudado en chantajear a ciudadanos e instituciones con boicotear algo que es de todos: el derecho a la movilidad. Como resultado, nos encontramos que quien dicta las las políticas de movilidad en Cataluña es el taxi, en contra del interés general».

Las VTC solicitarán 1.000 millones de indemnizaciones a la Generalitat si se confirma la salida de Uber y Cabify de las calles de Barcelona que adelantó OKDIARIO el pasado lunes. Esta cantidad se ha calculado en base a un informe realizado por EY y superaría «el 2% de los presupuestos generales de la comunidad autónoma», ha dicho Unauto. Estas indemnizaciones, han calculado, suponen el 9% de la partida destinada a Sanidad, y casi el 20% del presupuesto asignado a Educación en Cataluña.

Eduardo Martín, presidente de VTC y que ha sufrido un escrache al llegar al lugar donde ha celebrado la rueda de prensa, ha insistido en que las medidas regulatorias de un sector no pueden hacerse exclusivamente con base en las demandas de otro sector que se siente afectado, sino que tendrán que tener en cuenta el interés general, los millones de usuarios de Uber y Cabify  y los más de 3.000 puestos de trabajo que se han creado en Cataluña.

Modificación de la ley

El real decreto publicado por el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos en septiembre facultaba a las comunidades autónomas a legislar en materia de transporte terrestre y VTC. Sin embargo, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat dirigida por Damià Calvet, próximo a Carles Puigdemont, se ha mostrado a favor de legislar dos medidas que dañarían gravemente a Uber y Cabify en Barcelona, hasta impedirles su continuidad: una precontratación de 6 horas antes del servicio (Elite Taxi les había solicitado 12) y la vuelta obligatoria a la base después de cada viaje.

Estas dos medidas unidas harían inviable el funcionamiento de los vehículos de Uber y Cabify, que requieren de tiempos cortos de espera para poder ser rentables.

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