Ayuntamientos de fuera de Cataluña ofrecen suelo barato para que los catalanes trasladen sus empresas

Varios ayuntamientos españoles han visto en la crisis catalana desatada por el independentismo una oportunidad buena para promocionar sus espacios industriales. A tenor del éxodo de empresas de Cataluña huyendo la inseguridad jurídica, algunos consistorios y centros de negocios han enviado cartas a las patronales empresariales catalanas para ofrecer ventajas fiscales y suelo industrial más económico a sus asociados. De momento, ninguna de las pymes catalanas ha contestado a dicho ofrecimiento.

El mes de octubre ha sido convulso para Cataluña, los acontecimientos políticos han marcado la agenda de las compañías catalanas y muchas de ellas han decidido poner tierra de por medio para que la deriva secesionista no les salpicara.

Según ha podido saber OKDIARIO, las principales patronales de empresarios de Cataluña han recibido diversas ofertas de algunos ayuntamientos españoles para que las sociedades catalanas trasladen su sede o, como prefieren llamarlo los consistorios, expandir su negocio empresarial a otros puntos de la península. Foment del Treball, CECOT y Empresarios de Cataluña (patronal capitaneada por Josep Bou) son las tres organizaciones empresariales que han recibido las propuestas de ayuntamientos como el de Ribadesella (Asturias) o Tobarra (Albacete).

CECOT ha confirmado que las misivas invitando a sus asociados a trasladar su sede de Cataluña a otros puntos del país, efectivamente han llegado ofreciendo mejoras en las condiciones fiscales y de suelo industrial. Confirman, además, que ya han trasladado la oferta a las pymes asociadas y que son éstas las que tienen la última palabra. Por su parte, la patronal Pimec señalan que no tienen constancia de esta información.

También Foment del Treball ha confirmado que se han recibido cartas con este tipo de promociones, aunque desde la patronal catalana lo toman como un gesto normal de los ayuntamientos que llevan a cabo sus promociones empresariales. Sin embargo, sí que reconocen que estas ofertas llegan en un contexto delicado en la región catalana. Confirman que la llegada de ofertas “no ha sido una plaga”, pero sí que llegan invitaciones de colaboración empresarial con otras regiones cada cierto tiempo. Concretamente, Foment del Treball confirma la llegada de la misiva firmada por la alcaldesa asturiana de Ribadesella.

Rosario Fernández, edil de Ribadesella (Asturias), ha sido una de las que han visto en esta tensión catalana e inseguridad jurídica para las empresas una oportunidad de crecimiento de la localidad que gobierna. La misma edil confirma a OKDIARIO que ha mandado una invitación a las principales patronales de empresarios de Cataluña para que sopesen la opción de expandir su negocio y, de paso, poner un cordón sanitario al boicot que muchas compañías están sufriendo.

De momento, confirma Fernández, no han tenido respuesta de ninguna compañía catalana, aunque las cartas salieron de la alcaldía hace apenas un par de semanas. En dicho documento, al que ha tenido acceso este periódico, la alcaldesa comienza tendiendo la mano a las patronales “en estos convulsos momentos en que la inseguridad jurídica se ha instalado en la sociedad y economía catalana”. Por ello, prosigue la misiva, “estamos asistiendo diariamente a ejemplos de deslocalización de tejido empresarial catalán que, debido a este clima, están optando por trasladar su sede social o capacidad productiva a otras comunidades”.

Rodríguez ofrece “suelo industrial a las empresas que integran su Asociación”, aunque apunta que no está en su ánimo “avivar esa deslocalización empresarial, sino propiciar la expansión del tejido industrial catalán” para producir “un acercamiento de los centros productivos a los distintos mercados nacionales”. Cree la alcaldesa de la localidad asturiana que de esta manera “seguro que se corregirán en gran medida los indeseables efectos negativos del creciente boicot a los productos catalanes”.

Ribadesella ofrece su polígono industrial a 45 euros/metro cuadrado con “una ubicación estratégica, ya que está magníficamente comunicado con todo el corredor del Cantábrico, así como con el centro peninsular a través de Castilla y León”. Con respecto al suelo industrial, la alcaldesa señala que está “perfectamente urbanizado” y ofrece, además, “importantes bonificaciones fiscales en los impuestos municipales”, así como optar a “cuantiosas subvenciones para la promoción empresarial, todo ello en un marco jurídico estable, seguro y cierto”.

Con respecto a las ventajas fiscales que ofrece Ribadesella a las compañías que se instalen en suelo asturiano está una bonificación de hasta el 95% para emprendedores, hasta un 50% por creación de empleo y el mismo porcentaje para sociedades que usen renovables.

Con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Ribadesella ofrece hasta el 95% para emprendedores y hasta el 95% de bonificación en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Otro de los consistorios que han tendido la mano a los empresarios de Cataluña ha sido Tobarra, localidad de Albacete, con Pío Bernabéu a la cabeza. La localidad de Castilla La Mancha, buscando oportunidades para incrementar el crecimiento económico y empresariales en la región, por ello, el edil manchego ha ofrecido el suelo industrial en el polígono industrial Moniquí de Tobarra (creado en 2012) a 33 euros/metro cuadrado.

El polígono tiene 156.000 metros y cuenta con una capacidad para la instalación de alrededor de 45 compañías. Se trata, según se promociona, de “suelo totalmente urbanizado y estratégicamente situado” cerca de la autovía del Mediterráneo, así como de los puertos de Valencia y Cartagena.

Por otra parte, la patronal CECOT ha mandado un escrito al Ministerio de Economía en la que reprocha a Luís de Guindos que el último Real Decreto aprobado por el Gobierno para allanar el camino a las sociedades catalanas para salir de Cataluña “limita los derechos básicos de los accionistas de las pymes”. Y añade la organización liderada por Antoni Abad, que la decisión de este nuevo paquete de medidas responde a una decisión política que refuerza el papel de los administradores “en detrimento de los accionistas”.

Foment del Treball ha señalado que los riesgos de estar en un territorio asolado por la “inseguridad jurídica” ha hecho que algunas compañías hayan decidido mover su sede fiscal y jurídica, pero creen que lo han hecho como medida preventiva. Explican a este periódico que la actividad económica está siguiendo su curso, pero el daño reputacional llevará más tiempo repararlo.