Tres sentencias exoneran a avalistas de préstamos ICO del 80% y dejan al descubierto el fraude de Sánchez

Pedro Sánchez afronta una tormenta judicial que desmantela uno de los pilares de su gestión económica durante la pandemia: los préstamos ICO. Lo que parecía una red de seguridad para autónomos y pymes se está revelando como una trampa legal. Tres juzgados de España han declarado nulos los avales ICO-COVID firmados por pequeños empresarios al entender que se les ocultó información esencial. El Banco de España ya había advertido de la realidad: en la mayoría de los casos, el Estado no respaldó el 80% del préstamo como prometió Moncloa.

La justicia ha empezado a actuar. Tres tribunales (en Zaragoza, Madrid y Tomelloso) han tumbado la validez de los avales personales firmados en plena pandemia. En todos los casos, los jueces responsabilizan directamente a las entidades bancarias y no a los avalistas particulares, y cuestionan el mensaje que el Gobierno de Sánchez ha repetido hasta la saciedad: que el Estado respaldaba el 80% de los préstamos ICO-COVID. La realidad, como ya advirtió el propio Banco de España en un informe publicado recientemente, es que en muchos casos esos avales no sólo no cubrieron la cantidad prometida, sino que dejaron a miles de pequeños empresarios a merced de los bancos.

Los fallos judiciales han sido obtenidos por un mismo despacho de abogados especializado en defensa bancaria, que ha logrado anular tres contratos distintos en tres ciudades diferentes de España, con entidades bancarias distintas, permitiendo responder a los afectados tan sólo por el 20% de la deuda. Una ofensiva jurídica que puede marcar el principio de una cascada de litigios por parte de empresarios que confiaron en una cobertura estatal que nunca existió.

Los empresarios fueron engañados

A preguntas de OKDIARIO, Asoban Abogados, el bufete que ha liderado estas demandas, ha confirmado que estas sentencias de los préstamos ICO COVID son sólo la punta del iceberg. «Hemos ganado tres sentencias de nulidad de aval ICO COVID a bancos diferentes en tres localidades distintas en España», explica Diego Zapatero, socio del despacho, a lo que agrega que «aunque hay que esperar a la firmeza de estas sentencias, son unas de las primeras en España que empiezan a dar la razón a quienes, en plena pandemia, confiaron en que el Estado realmente respaldaría estas operaciones».

Una de las resoluciones más significativas se ha producido en el Juzgado de Primera Instancia de Tarazona, en Zaragoza. En ella, el juez estima que el avalista (un empresario hostelero) no fue debidamente informado sobre el alcance de su responsabilidad. En consecuencia, limita su responsabilidad al 20%, anulando el 80% restante del aval. Una decisión que contradice frontalmente el criterio que la banca ha defendido hasta ahora: que los fiadores respondían del 100% del importe si el deudor principal no pagaba.

Algo similar ocurrió en Madrid. En este caso, los avalistas (un matrimonio que regentaba un pequeño comercio) también firmaron creyendo que el Estado asumiría la mayor parte de la deuda. «El tribunal reconoció el error esencial en el consentimiento. Estos ciudadanos pensaban que sólo respondían del 20% y nadie les explicó lo contrario. Han sido liberados del aval completo», detalla Zapatero.

En Tomelloso (Ciudad Real), el patrón se repite. El juzgado ha declarado nula la garantía personal de una mujer que avaló el préstamo de su marido, autónomo del sector de la construcción. El fallo señala que no se cumplió con la debida información contractual, y limita su responsabilidad al 20%. De nuevo, la figura del aval queda desactivada judicialmente por falta de transparencia.

Para Asoban Abogados, las consecuencias de estas decisiones van mucho más allá de los tres casos concretos. «Se abre la puerta a que muchos más autónomos y empresarios puedan impugnar estos contratos si firmaron sin información clara y suficiente. Lo que estamos viendo es que muchas personas avalaron creyendo que el Estado estaba detrás y ahora se ven embargadas injustamente», denuncia Zapatero, y recuerda que hay solución.

Avales ICO: un escudo para la banca

Los avales ICO fueron uno de los pilares del plan económico de Sánchez durante la pandemia. Se anunciaron con gran pompa desde Moncloa como la solución para mantener vivas a las Pymes, y como un gesto de respaldo institucional sin precedentes. El presidente no dudó en afirmar en repetidas ocasiones que el Estado respondería del 80% del préstamo en caso de impago, lo que sirvió para calmar los nervios de miles de empresarios asfixiados por el confinamiento.

Pero la letra pequeña y la práctica real de los bancos desmienten aquel discurso. El informe del Banco de España, publicado hace escasas semanas, ya dejaba entrever el desastre: en la mayoría de casos, el Estado no asumió su parte del aval, y fueron los fiadores los que acabaron soportando el peso de la deuda. Una situación que podría afectar a decenas de miles de operaciones si prospera esta línea jurisprudencial.

Desde Asoban aseguran estar recibiendo «un aluvión de consultas» desde que se han hecho públicas las primeras resoluciones en su favor. «La gente está despertando. Muchos empresarios firmaron aquellos préstamos en una situación límite, confiando en que el Gobierno cumplía con lo prometido. Hoy se encuentran con demandas judiciales y embargos. Pero ahora tienen una salida legal», afirma Zapatero.

El daño político para Sánchez puede ser considerable. Si la tendencia judicial continúa y otros jueces se suman a esta interpretación, se confirmará que el Gobierno no sólo vendió una falsa promesa, sino que permitió que los bancos aplicaran cláusulas abusivas con el aval implícito del Estado. Con todo, las piezas encajan: un informe del Banco de España que desacredita el relato oficial, una cadena de sentencias que empieza a emerger por toda la geografía nacional, y una opinión pública cada vez más crítica con la gestión del Ejecutivo durante la pandemia. La tormenta perfecta para Pedro Sánchez, que ve cómo su mentira es una vez más tumbada por los tribunales, esta vez, en favor de los autónomos y pequeños empresarios.