El tope al alquiler del Gobierno provoca que los caseros no prorroguen los contratos de sus inquilinos
La decisión del Gobierno de extender el tope del 2% para la actualización de las rentas de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023 va a dificultar aún más el acceso a la vivienda a los inquilinos más vulnerables. Según fuentes del sector, debido a la limitación de la subida muchos caseros han decidido no renovar las prórrogas de los contratos de alquiler en su próximo vencimiento a los arrendatarios.
El hecho de que los propietarios tengan que alquilar «a pérdidas» está llevando a muchos «a no renovar, mediante prórroga, el contrato con el inquilino y a firmar nuevos contratos acorde con los precios del mercado», según explican desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). De esta forma, los caseros pueden adaptar el nuevo contrato a los precios actuales, cobrar más por el alquiler y mitigar los efectos de la inflación.
En concreto, los contratos firmados antes de marzo de 2019 se prorrogaban por periodos anuales con subidas de precio negociadas, siempre y cuando no hubiera denuncia por alguna de las partes. Sin embargo, debido a la nueva limitación, los propietarios pueden denunciar el contrato en la fecha de vencimiento anual, crear contratos nuevos no sujetos al citado tope y actualizar la renta a precio de mercado.
El sector alerta de que esta situación tensionará aún más el mercado del alquiler y dejará fuera a muchos inquilinos. A día de hoy, ya es complicado encontrar viviendas en alquiler en las principales ciudades, puesto que por cada piso en alquiler que sale al mercado hay diez demandantes. Ahora, esta limitación, perjudicará más a los inquilinos con menor poder adquisitivo puesto que la oferta también se reducirá.
Caída de la oferta
La prórroga del tope del 2% de la subida del alquiler va a provocar que «la oferta se reduzca entre un 5 y un 10%, mientras que los precios pueden incrementarse hasta un 8%», según explica Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI).
Esto se sumaría a la importante caída que ya se ha registrado en el parque de alquiler a lo largo de este año. Según los datos de idealista, la oferta de vivienda en alquiler se redujo un 25% durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que la caída fue mayor en el segundo trimestre, con una contracción de la oferta del 37%. El sector alerta de que estos periodos coinciden con la entrada en vigor del tope al precio del alquiler impulsada por el Gobierno.
En ese sentido, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) cataloga como «inaceptable» que se prorrogue una medida que «supone la privación del derecho de propiedad a más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España; y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación, en contra de lo que prevé la Constitución Española. Además, se carga sobre ellos el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración».
Además, Asval insiste en que el tope del 2% al precio del alquiler se planteó como una medida «temporal y excepcional». Y critica que con esta prórroga por un año se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, «lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos».