Telefónica se enfrenta a una reclamación de más de 5.000 millones por impuestos impagados en Brasil

Telefónica tiene una espada de Damocles sobre sus cuentas: el Gobierno brasileño le reclama casi 5.400 millones de euros por impuestos impagados, más de tres veces su beneficio de 2020. La compañía no tiene dotadas provisiones para hacer frente a esos posibles pagos, ya que considera improbable que se vea obligada a ello y asegura contar con informes externos que respaldan su visión. Su auditor, PwC, llama la atención sobre el riesgo que corre si finalmente es condenada a abonar esa cantidad, pero respalda la decisión de José María Álvarez-Pallete.

Esta cantidad deriva de dos reclamaciones del Ejecutivo de Brasil. La primera se refiere a un impuesto llamado ICMS, un impuesto indirecto parecido al IVA que grava los servicios de telecomunicaciones, y alcanza 17.446 millones de reales brasileños a 31 de diciembre de 2020 incluyendo intereses y posibles sanciones, aproximadamente 2.736 millones de euros a tipo de cambio de esa fecha.

Las autoridades de ese país exigen a la operadora el pago del ICMS sobre conceptos como «las penalizaciones de incumplimiento de los clientes, servicios de publicidad por internet, así como los relacionados con los servicios complementarios o accesorios al servicio de telecomunicaciones básico tales como servicios de valor añadido o alquiler de módems, y la aplicación de este impuesto sobre la cuota básica (assinatura básica)». Telefónica considera que estos servicios están exentos del impuesto, pero tiene en su contra que un tribunal  falló a favor de Hacienda sobre un caso similar de la compañía Oi (comprada posteriormente por Telefónica a la espera de recibir las autorizaciones necesarias), aunque está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo brasileño.

La operadora española explica que «todos los procesos relacionados con estos asuntos están siendo impugnados en todas las instancias (administrativas y judiciales)» y añade que «cuenta con informes externos que apoyan su posición, esto es, que los referidos servicios no se encuentran sujetos al ICMS», por lo que no ha dotado provisiones para esta contingencia.

Amortización fiscal del fondo de comercio de Vivo y GVT

La otra reclamación deriva de otros impuestos federales equivalentes a nuestro Impuesto de Sociedades. Aquí el conflicto reside en la amortización fiscal en los años 2011 a 2017 del fondo de comercio originado en la adquisiciones de Vivo y GVT, y su posterior fusión con Telefónica Brasil. En este caso, el importe reclamado por el Fisco es de de 16.873 millones de reales brasileños a 31 de diciembre de 2020 (aproximadamente 2.647 millones de euros a tipo de cambio de esa fecha). Sumando los dos conceptos, la reclamación total asciende a 5.383 millones.

En este segundo caso, Telefónica sostiene que «estos procesos se encuentran en fase administrativa y judicial. No se ha registrado ninguna provisión al respecto puesto que la calificación del riesgo de los mismos es no probable y Telefónica Brasil cuenta con informes externos que apoyan su posición».

En cambio, sí considera probable tener que pagar otra reclamación por este tributo, aunque muy inferior, de 96 millones de reales (15 millones de euros), por lo que en este caso sí ha provisionado 87 millones de reales (14 millones de euros).

El auditor de Telefónica, PwC, llama la atención sobre estas reclamaciones en su revisión de la cuentas de la compañía de 2020: «Se trata de una área clave de nuestra auditoría por los juicios significativos realizados por la dirección para determinar el importe y la probabilidad de que los litigios en Telefónica Brasil concluyan con una pérdida. Esto a su vez ha requerido un alto grado de juicio del auditor y esfuerzo para evaluar los juicios de la dirección en la estimación de las pérdidas por litigios fiscales y regulatorios en Telefónica Brasil».

Ahora bien, tras requerir la participación de expertos de la propia auditora en asuntos fiscales y regulatorios, concluye que, «en base a los procedimientos realizados, consideramos que la estimación realizada por la dirección es razonable y consistente con la información contenida en las cuentas anuales consolidadas adjuntas sobre las provisiones y los pasivos contingentes por litigios fiscales y regulatorios en Telefónica Brasil».

Alianza para lanzar una red de fibra en Brasil

Este mismo martes al cierre del mercado brasileño, Telefónica anunció una asociación (joint venture) con el grupo inversor canadiense CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec) para «la construcción, desarrollo y explotación de una red mayorista de fibra óptica neutral e independiente en Brasil» que se llamará FiBrasil.

El capital de FiBrasil se repartirá al 50% entre los dos socios y «desplegará y operará redes de fibra óptica en ciudades de tamaño mediano seleccionadas en todo Brasil excluyendo el estado de Sao Paulo, y ofrecerá acceso mayorista de fibra hasta el hogar (“FTTH”) a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, permitiéndoles ofrecer estos servicios a sus clientes finales». Inicialmente, cuenta con una cartera de 1,6 millones de hogares, que espera ampliar hasta 5,5 millones en un plazo de cuatro años.