Sánchez no hace nada para frenar un subidón de la factura de la luz del 50% en plena ola de frío

Al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias le acaba de saltar por los aires una de sus grandes promesas electorales: acabar con la «pobreza energética». Muy al contrario, el precio de la tarifa regulada de la luz se ha disparado un 27% este viernes respecto a hace un año hasta 95 euros, su máximo histórico, debido a que el Ejecutivo no ha tomado ninguna medida para impedirlo. Lo mismo que Sánchez criticaba a Mariano Rajoy cuando la tarifa eléctrica sufrió también una brusca escalada -si bien una tercera parte de la subida actual- en enero de 2017 y septiembre de 2018.

Además, los máximos de la electricidad coinciden con el peor temporal de nieve y frío que sufre España en muchos años, es decir, justo cuando más se necesita utilizar aparatos que calienten las viviendas (de hecho, el incremento de la demanda es una de las causas de esta subida de la luz). Y estos elevados precios (el megawatio/hora puede llegar a 114 euros en algunos tramos horarios de este viernes) afectarán más a los hogares más vulnerables, que disponen de menos recursos para hacer frente a los altos costes energéticos.

La subida supera el 50% si se compara con el precio inicial de 2021, y puede significar un coste del recibo final medio superior a los 80 euros, según la calculadora de la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia). Y no se trata solo de la luz, sino que el gas natural de uso doméstico también va a experimentar una importante alza en el próximo recibo, tradicionalmente el más caro del año.

Los factores que explican la escalada del recibo de la luz son, además del pico de demanda por el temporal, la baja producción renovable (la más barata) debido a la falta de sol y de viento, y la fuerte subida del gas natural en los mercados internacionales debido a la ola de frío en Asia, que está disparando allí la demanda. Además, esto coincide con reducciones en el suministro de gas desde Argelia, el principal proveedor de España.

¿Qué puede hacer el Gobierno para bajar la luz?

Es cierto que estos factores están fuera del control del Gobierno, pero ¿Sánchez e Iglesias no pueden hacer nada para evitar la escalada? Claro que pueden. Para empezar, pueden cambiar el sistema por el que se fija el precio de la luz, en el que el gas es el factor que fija el precio porque los ciclos combinados son los que generan la electricidad cuando no hay suficiente producción renovable (es lo que se conoce como «precio marginal»). Y también pueden apostar por la energía nuclear, mucho más barata y disponible a todas horas -aunque con los conocidos riesgos y la necesidad de gestionar los residuos, en vez de cerrar las centrales.

Pero, sin llegar a cambios estratégicos como estos, el Ejecutivo puede actuar en cualquier momento sobre los enormes costes que nos incluyen en la factura que no tienen nada que ver con el consumo de luz: el término fijo de potencia (lo que pagamos por tener luz antes de encender ningún interruptor), el alquiler del contador, y los llamados costes y peajes: las primas a las renovables de Zapatero y Rajoy que seguimos pagando, el déficit de tarifa acumulado durante años (porque costaba más producir la electricidad de lo que se pagaba por ella) y la insularidad (que los habitantes de las islas paguen el mismo precio que los de la península).

Impuestos y más impuestos

Y, por encima de todo, el Gobierno también puede reducir los enormes impuestos que abona el consumidor final por la luz. En España, pagamos un impuesto de la electricidad de algo más del 5% tanto del término fijo como del consumo. Y luego el 21% de IVA, que se calcula no solo sobre el importe de la tarifa, sino también sobre el citado impuesto eléctrico; es decir, un impuesto sobre otro impuesto (algo similar sucede en las gasolinas). Al menos, podría poner el tipo reducido del IVA, pero el Ejecutivo no considera la electricidad un bien de primera necesidad.

Además, hay otro impuesto que no se ve en la factura pero que también se traslada al precio de la energía que abona el consumidor final: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, conocido como impuesto a la generación eléctrica. Un 7% más que en teoría pagan las compañías pero que trasladan al consumidor final en el precio de la energía, con la aquiescencia del Gobierno.

Precisamente, el Ejecutivo socialista aprobó la suspensión temporal de este tributo durante seis meses en octubre de 2018 para frenar otro repunte del precio de la electricidad, pero en abril de 2019 volvió a instaurarlo. Ahora podría volver a hacer lo mismo que entonces, pero no parece dispuesto a renunciar a un euro de recaudación fiscal con el mayor déficit público de Europa en 2020 (y que seguirá siendo el peor en 2021 y 2022).