Sánchez desprecia a la sanidad privada en la lucha contra el virus y pone en riesgo más de 265.000 empleos

Más de 265.000 empleos de un sector que representa el 3,4% del PIB de España. Es lo que está poniendo en riesgo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al despreciar la ayuda de la sanidad privada en la lucha contra la pandemia en contra del criterio utilizado por el resto de grandes economías de la Unión Europea.

Mientras en Alemania o Francia la colaboración público-privada para afrontar la enfermedad es la tónica habitual, en España el Gobierno ha castigado a este sector desde el principio de la pandemia, en marzo. Primero, con la decisión de poner en marcha el mando único sanitario. Esta decisión provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales para dar cabida a enfermos por el coronavirus que nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se les permitió acogerse a los ERTE por ser un sector estratégico. La consecuencia es que ahora mismo esté en riesgo la supervivencia de más de 2.400 clínicas privadas y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.

Con el fin del mando único la situación no ha ido a mejor porque el Gobierno ha delegado en cada una de las 17 comunidades autónomas la regulación de la colaboración entre la sanidad pública y privada, lo que impide una actuación homogénea y pone en riesgo la sostenibilidad de un sector que representa el 3,4% del PIB y da trabajo a 266.000 personas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.

Europa

Mientras esto sucede en España, en los países de nuestro entorno se ha acordado con el sector una regulación que permite atender mejor a los pacientes y compensar las consecuencias económicas a los hospitales.

En Alemania, en Consejo General ha aprobado dos paquetes legislativos. Por un lado, la ‘Ley de ayuda hospitalaria covid-19’ para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados.  Por otro lado, la ‘Ley para la protección de la población en una situación de epidemia de importancia nacional’ para mejorar la capacidad de respuesta a las epidemias.

La ‘Ley de ayuda hospitalaria’ tiene dos vertientes: primero, la salud de la ciudadanía alemana al poner a su disposición toda la red de centros médicos, tanto públicos como privados, sin que tengan que pensar en el coste de los tratamientos. Esto garantiza la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.

Mientras, los hospitales recibirán una compensación financiera por operaciones y tratamientos reprogramados para liberar capacidad para tratar pacientes con infección por coronavirus; una bonificación de 50,000 euros por cada cama de cuidados intensivos que creen; para equipos de protección personal, los hospitales recibirán un suplemento de 50 euros por paciente y otras ayudas económicas y simplificación de trámites para poner como foco principal de la acción de todo el ámbito sanitario germánico el fin de la pandemia. Estas medidas han sido tomadas por el Gobierno central y son de obligado cumplimiento en todo el ámbito nacional.

En el Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación en lo que respecta al sector de la salud y la asistencia social. Gracias a esta legislación, se ha otorgado a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. El Gobierno sentó las bases de la colaboración público-privada en el mismo momento en el que decidió atajar la pandemia y acordó que los recursos adicionales que requiera su sistema nacional de salud serán entregados y compensados de manera inmediata.

Francia ha apoyado económicamente a todos los establecimientos de salud del sector tanto público como privado. El día 10 de cada mes, el seguro social ingresaba a las empresas privadas de salud un porcentaje de lo facturado en el mismo periodo del año anterior. Además, Francia abona una tarifa adicional por cada paciente hospitalizado con covid-19. Este sistema de pagos sobre los ingresos del año anterior también se aplica a los salarios de los médicos privados. Con estas medidas,  el sector privado está protegido sobre la misma base que el sector público.

Nada que ver con lo que ocurre en España, donde la sociedad demanda una colaboración más estrecha entre las administraciones y al sanidad privada, según la ‘Encuesta de percepción sobre la aportación de la sanidad privada’, elaborada por la Fundación Idis. De acuerdo a esta encuesta, un 56,6% de los españoles cree que el nivel de colaboración sanidad pública-privada debería aumentar.