El salario mínimo crece un 29% desde que Sánchez gobierna pero la vida solo se encarece un 0,1%

El Gobierno negociará desde este martes cuál será la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021. La reunión, de carácter técnico, se prevé tensa, ya que mientras que los sindicatos solicitan un alza del SMI que ascienda desde los 950 euros actuales a los 1.000 euros el año próximo, la patronal CEOE considera que no es el momento de este tipo de medidas cuando hay miles de empresas tratando de sobrevivir y la batalla ya no es mejorar las condiciones laborales sino lograr mantener el máximo empleo posible y la solvencia de la compañías nacionales.

Sin embargo, la ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, presionará para que la subida sea de al menos el 0,9%, aunque incluso estaría abierta a que el alza fuera del 1,8%, el porcentaje de incremento salarial recomendado para los convenios colectivos. La realidad es que estas recomendaciones se hicieron antes de que estallara la pandemia, que ha dado la vuelta como un calcetín a la economía nacional.

En realidad, en lo que va de año 2020 el sueldo de los trabajadores se ha reducido sensiblemente por dos razones: las medidas de flexibilidad internas en las empresas o que muchos han estado gran parte del tiempo en ERTE. Y eso sin contar los que directamente fueron a parar a las listas del paro.

Para empezar, los argumentos para los que son partidarios de que haya una subida del salario mínimo flojean. En primer lugar, porque si desde que Sánchez llegó al poder ha logrado que los empresarios -liderados por Antonio Garamendi- acepten un alza del SMI del 29%, la realidad es que desde junio de 2018 -cuando Sánchez ganó la moción de censura- el coste de la vida -el incremento del IPC- sólo ha sido del 0,1% hasta noviembre de 2020. De hecho, desde 2003 el salario mínimo ha subido un 110%.

En los últimos años desde CEOE han aceptado la subida del salario mínimo que proponía el Gobierno de Pedro Sánchez para mostrar su buena voluntad de negociación en el diálogo social, aunque la patronal siempre ha sido reacia a este tipo de medidas y prefiere que las subidas salariales estén vinculadas a la productividad

Aunque en los últimos años desde CEOE ha aceptado el alza del SMI para mostrar su buena voluntad en el diálogo social -sería más pernicioso para los empresarios fulminar la reforma laboral del PP como siguen prometiendo, día sí y día también, desde el ala de Podemos del Ejecutivo-, la realidad es que un alza en este momento sí que sería perjudicial para muchas pequeñas empresas.

Subir el SMI sería la gota que colmaría el vaso a punto de rebasar de centenares de pymes y trabajadores por cuenta propia asfixiados. No hay que olvidar que los autónomos son un colectivo que, además de denunciar constantemente la falta de ayudas durante la pandemia, han tenido que soportar -en el final de 2020- un alza de las cotizaciones de entre 3 y 12 euros de euros al mes. Un recargo que volverán a sufrir el año próximo.

La declaración de intención de Yolanda Díaz

«No voy a decir cuánto [subirá el salario mínimo] porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes». Esa ha sido la afirmación de Yolanda Díaz del viernes en la televisión pública, aunque este lunes ha añadido que nadie entendería que subieran las pensiones y el salario de los funcionarios un 0,9% y no el SMI. Además, ha recordado que la gran mayoría de países de la UE ha anunciado un aumento del mismo para 2021.

Yolanda Díaz no ha cerrado cuál será la propuesta sobre el SMI del Gobierno. Aunque los sindicatos son partidarios de que se eleve a los 1.000 euros, las empresas españolas -especialmente las más pequeñas- se oponen radicalmente

Sin embargo, Yolanda Díaz no tiene en cuenta un extremo: que España es la potencia europea con la mayor tasa de paro -y con diferencia- y que el Producto Interior Bruto (PIB) del país será, de largo, el que sufrirá el mayor descalabro del mundo desarrollado, según el diagnóstico de la gran mayoría de los organismos internacionales.

Pero Yolanda Díaz insiste en que, en su opinión, «no sería comprensible que nos alejáramos de Europa cuando se han subido salarios de empleados públicos y pensionistas un 0,9%». «No podemos dejar descolgados a los trabajadores, que son los que más lo necesitan», afirma la ministra, que ha indicado también que los salarios pactados en los convenios colectivos se revalorizarán entre un 1,5% y un 1,8%, por lo que «no sería comprensible» no apuntalar del mismo modo una subida salarial a trabajadores fuera de convenio.

Un artículo del Estatuto de los Trabajadores que se ha incumplido en los últimos años

A la hora de negociar el SMI hay que tener en cuenta un marco: el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se afirma que el salario mínimo interprofesional lo fijará el Gobierno «previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta: a) El índice de precios de consumo. b) La productividad media nacional alcanzada. c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. d) La coyuntura económica general. Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado».

El problema es que en los últimos años no se ha tenido en cuenta ni el IPC ni la productividad ni la coyuntura económica, algo que los empresarios han aceptado porque es un salario que apenas afectaba a dos millones de trabajadores y la economía aún crecía a un ritmo del 2%. El problema se producen la situación actual: cuando sectores como la hostelería o el de los empleados del hogar, que en algunas CCAA cobran el SMI.