El PSOE quiere quitar a Bruselas el control sobre el déficit público para disparar el gasto y aplicar su programa

El Partido Socialista insiste en quitar el control del déficit a Bruselas para disparar el gasto y poder aplicar su programa. El PSOE ha insistido en uno de sus grandes objetivos: dar marcha atrás en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Se trata nada menos que del artículo que sirvió para firmar la paz con Bruselas en pleno riesgo de quiebra en 2010 y que abrió las puertas al inicio de la compra masiva de deuda española por Europa para evitar el colapso al que llevaba Zapatero a España.

Y se trata, además, del primer desafío que deberá frenar la ministra de Economía, Nadia Calviño, para evitar un problema en la UE.

Los socialistas han insistido a su propio Gobierno en que resultará muy difícil abordar el programa de gasto prometido sin subidas masivas de impuestos. Y esas subidas se traducirán en pérdida de voto en las próximas elecciones. Por ello, desde las filas socialistas han recordado sus compañeros en el Ejecutivo que una de sus promesas era precisamente la de recuperar el control pleno del déficit. O, dicho, de otra manera, arrebatarle a Bruselas ese control, que fue cedido a cambio de ser asistidos en pleno colapso de deuda a partir de mayo de 2010.

Los socialistas consideran que el “Estado Social” –como le denominan– es una conquista irrenunciable. Incluso frente a la acumulación de deuda y déficit. Por ello, consideran que es necesario “introducir en la Constitución mecanismos que garanticen su pervivencia, que lo mejoren y lo desarrollen”. Y con este fin, han vuelto a proponer la reforma del artículo 135 para “incorporar las condiciones de salvaguarda de la Estabilidad Social”.

No se niegan a introducir criterios de sostenibilidad, pero los suyos. No estrictamente los impuestos por Europa. De forma que alcance “la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”.

Modificación del artículo 135

La propuesta choca literalmente con la redacción de este artículo 135 que se pactó en su momento con Bruselas y que fue introducido en la Constitución, precisamente, como garantía de que el dinero que se destinaba a ayuda a España se convertiría en garantía de recuperación y no en evidencia de hundimiento.

Ese artículo, de hecho, recogió pautas de control ajenas a España. Y lo hizo con los siguientes puntos. “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, señaló el 135.

Y subraya a continuación que “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Es decir, que en última instancia era Europa la que garantizaba el control del gasto y del déficit.

Además, “una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”. “El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito”, añadía.

E incluía la previsión de que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión”. Un punto que garantizaba la devolución de la deuda por encima de otros gastos internos: sociales o no.

Y como refuerzo regulada que “el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Una nueva cautela que reforzaba el control europeo.

Hoy los socialistas vuelven a ver este artículo no como una garantía de sostenibilidad económica, sino como un freno a sus ansias de gasto. Y hoy deberá frenarles en sus deseos la ministra de Economía para evitar un problema mayor en Europa.