El PSOE plantea subir las pensiones con el IPC y elevar el SMI pese a las alertas de economistas y empresarios

El PSOE ha vuelto a plantear un programa económico que lleva la contraria a los principales economistas, servicios de estudios y empresarios españoles. La formación que lidera Pedro Sánchez se ha comprometido a actualizar en el próximo mes de diciembre las pensiones del ejercicio 2020 de acuerdo con el IPC real, así como continuar incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Esta última medida no fueron capaces de impulsarla durante un año en La Moncloa pero vuelven a recurrir a ella de cara a los comicios del 10N.

El documento ‘Ahora, Gobierno. Ahora, España’ recoge 35 compromisos sociales de los socialistas y buena parte de su programa electoral de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 10 de noviembre. En el ámbito económico, satisface algunas de las demandas de los sindicatos y contradice en gran medida el criterio de los economistas y de los empresarios nacionales.

De hecho, las tres primeras medidas de los 35 principios del PSOE son la subida de las pensiones, la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral.

Sobre las iniciativas necesarias para la sostenibilidad de la Seguridad Social el PSOE contradice la opinión de los expertos y del propio Banco de España, que han avisado de distintas formas de que ligar las pensiones al IPC podría poner en jaque las cuentas de la Seguridad Social.

Por otro lado, los empresarios ya habían avisado de que se produciría un aumento del desempleo en el caso de que se subiera a 1.200 euros el salario mínimo, pero el PSOE hace oídos sordos en sus nuevos compromisos electorales.

Asimismo, los servicios de estudios y organismos internacionales han dicho por activa y por pasiva que la reforma laboral aprobada en 2012 ha sido la artífice de la mejora del mercado laboral en los últimos años, pero los socialistas insisten en derogarla en su programa electoral.

En el documento los socialistas se comprometen a actualizar «en el próximo mes de diciembre» las pensiones de 2020 de acuerdo con el IPC real y abogan por «blindar» en la Constitución el sistema público de pensiones, «abordando las reformas que garanticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas , en atención al diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo».

Santiago Carbó, catedrático de Cunef y director de Estudios Financieros de Funcas, explicaba a OKDIARIO que «evidentemente, vamos construyendo una peor sostenibilidad del sistema si ligamos las pensiones al IPC». «El problema está en el mensaje equívoco que se manda. Se asegura que las pensiones siempre se van a poder pagar cuando no es así. Por eso yo creo que es conveniente que no se vinculen porque la sostenibilidad ya está muy en duda y, lógicamente, diez o quince años más así no se puede estar. Evidentemente, sería una muy mala noticia», concluía el experto.

Asimismo, el PSOE promete volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras el incremento del 22% aprobado por el Gobierno en 2019, de forma «progresiva y acordada en el diálogo social», hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo a lo establecido en la Carta Social Europea.

En primer lugar, la subida del SMI aprobada por el Gobierno no fue, como dice el programa electoral del PSOE, aprobada en el marco del diálogo social.  De hecho, CEOE sí que dio su visto bueno a una subida inicial pero no al segundo incremento aprobado por el Ejecutivo socialista.

El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, dijo tras las elecciones generales de marzo que «el diálogo social está para algo, y creo que es la mejor infraestructura que tiene un país». «No nos gustaron las formas de subir el salario mínimo porque el SMI se tiene que subir con acuerdos», dijo.

Según fuentes empresariales, podría haber dos grandes perjudicados de la medida del PSOE de subir el SMI a 1.200 euros. En primer lugar, el empleo, especialmente el de las personas con salarios más bajos, y, en segundo lugar, las empresas adjudicatarias de la administración que prestan servicios como la limpieza o los centros deportivos y a las que el Gobierno no actualiza sus contratos cuando sube el SMI como se ha demostrado en la última ocasión.

El PSOE también insiste en su última batería de medidas económicas que hay que derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral e iniciar el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo «digno, de calidad y estable».

En este segundo aspecto, la reforma del Estatuto de los Trabajadores, puede haber acuerdo a medio plazo, pero la reversión de partes de la reforma laboral es una barrera inquebrantable para los empresarios, sobre todo porque ya se está observando un enfriamiento de la reducción del paro, en la creación de empleo y se está registrando un aumento de los costes laborales considerables y una reducción de la productividad en España, según las últimas estadísticas del propio Ministerio de Trabajo.