Real Decreto-ley

El PP denuncia otro ‘dedazo’ de los fondos europeos: Ribera da ayudas a las eléctricas por 525 millones

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Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica

El PP ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno al incluir 525 millones en ayudas directas del Plan de Recuperación (PRTR), destinado a canalizar los fondos europeos,  a determinadas compañías eléctricas para la instalación de puntos de recarga sin control previo y mediante operaciones no presupuestarias, mientras impondrá la implantación de puntos a estaciones de servicio, concesionarios de carreteras y zonas de aparcamiento sin ningún tipo de ayuda.

En concreto, los populares se refieren al Real Decreto-ley para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública que el Consejo de Ministros aprobó a finales del pasado diciembre y que este martes se debatió en el pleno del Congreso de los Diputados.

El portavoz de Energía del grupo popular, Juan Diego Requena, afea está cuestión a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Los populares entienden que «el Gobierno legisla de espaldas a la realidad y no soluciona los problemas del presente ni los del futuro del sector eléctrico, y que no tiene en cuenta el interés general sino los suyos particulares en perjuicio de la mayoría».

“Este Real Decreto-ley evidencia su incapacidad en materia energética y su continua inseguridad jurídica, además de que no elimina diferencias entre el mundo rural y la ciudad, no da competitividad a la industria y no nos dota de igualdad de oportunidades a los españoles”, concluye Requena.

El procedimiento de la concesión de esa ayuda es algo oscuro. Fuentes del PP explican que se producirá a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de forma extra presupuestaria y que al regulador le llegará el dinero desde la Secretaría de Estado con cargo a los fondos, pero sin explicar exactamente con cargo a qué. Además, de la cuantía total entregada, 240 millones corresponden a 2021, un ejercicio ya terminado, por lo que es imposible que las compañías puedan llevar a cabo nuevas inversiones.

Por su parte, las eléctricas tendrán que poner otros 525 millones para los puntos de recarga, que incluirán en la factura, los consumidores tendrán otra nueva subida en el recibo.

La denuncia se enmarca dentro de las críticas que la formación política está haciendo de la gestión de los fondos europeos. Los populares llevan semanas advirtiendo del «reparto a dedo» y «discrecional» de ese dinero que España recibe de Bruselas y ha avanzado que tiene intención de denunciar esa actuación en Europa y en los tribunales.

Por lo pronto, el Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por ese reparto de fondos europeos, que considera «arbitrario». En concreto, se trata de un recurso para la anulación del reparto de 9 millones de euros que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo para país Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para subvenciones de empleo y del que ha quedado excluida la Comunidad de Madrid.

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