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Otro informe avergüenza a Sánchez: la economía sumergida es la tercera de Europa y llega al 24% del PIB

Un informe de un instituto norteamericano cifra la economía sumergida en España en el 24% del PIB

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Economía sumergida.
Carlos Ribagorda

Un informe del National Bureau of Economic Research, organización de investigación privada estadounidense sin fines de lucro, sitúa a España como el tercer país de Europa con la mayor economía sumergida, sólo por detrás de Grecia e Italia y al mismo nivel que Portugal. Según esta institución, la economía sumergida supone el 24% del PIB nacional, cifra superior a los últimos informes de otros organismos. Bélgica y Suecia son los países europeos con menos economía sumergida, apenas un 5% y un 6% del PIB respectivamente. Francia tiene un 14% y Alemania, un 13%.

De acuerdo con las conclusiones del informe de la institución norteamericana, Grecia es el líder europeo de la economía sumergida -negocios no declarados, operaciones en dinero negro…- al suponer el 36% de su PIB. Italia ocuparía el segundo lugar, con el 31% de su riqueza nacional anual, y España tendría el honor de estar en el pódium con el 24% del PIB nacional. Esto significa que el dinero negro que no pasa por Hacienda alcanza más de 300.000 millones de euros al año en España.

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La cifra a la que llegan Francesco Pappada y Kenneth S. Rogoff, autores del informe, es superior a la que han mostrado otros informes sobre economía sumergida en España y en Europa. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) llegaron a la conclusión de que las operaciones en negro suponían en España el 16,9% del PIB, según los datos recopilados en 2021.

Gestha calculó que la economía sumergida en España ese año oscilaba entre los 230.000 y los 240.000 millones de euros. Ese 16,9% del PIB era en ese momento 2,6 puntos por encima de la media ponderada de la Unión Europea. Los técnicos de Hacienda ya advertían que la cifra iría a más por la alta inflación y la crisis energética.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima actualmente que la economía sumergida en España supone el 20% del PIB, frente a la tasa promedio de la Unión Europea que es del 13%.

El informe deja en mal lugar al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto la lucha contra el fraude como una de sus prioridades. Los autores Pappada y Rogoff advierten además de que una alta tasa de economía sumergida implica mayores riesgos de impago de la deuda. Precisamente España acumula una deuda actualmente que supone el 110% del PIB.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Foto: EP)

El informe relaciona también la economía sumergida con el alza de impuestos. Esto implica que la situación en España podría empeorar en los próximos años debido a que el Gobierno ha subido los impuestos, los va a subir más, y ha implantado algunos nuevos, como el del plástico.

Sánchez ha subido las cotizaciones a la Seguridad Social para pagar las pensiones de los baby boomers y la mayor parte la tienen que asumir las empresas. Ha implantado un impuesto a bancos y grupos energéticos que los tiene en pie de guerra con el Gobierno, y ha aumentado un 45% desde que gobierna el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aumentando el riesgo de trabajos sin contratos.

El Ejecutivo ya está negociando con los agentes sociales una nueva subida del SMI para este 2024, por lo que habrá empleos que se pierdan y habrá trabajos que se hagan dentro de la economía sumergida, según denuncian las patronales.

La relación entre subidas de impuestos y aumento de la economía sumergida la puso en un informe la Comunidad de Madrid. Según un informe de la Consejería de Hacienda de la región de 2021, Madrid recaudaba 1.600 millones de euros extra gracias a que su política de impuestos bajos le permitía tener una economía sumergida de ‘sólo’ el 16,2% del PIB, mientras que la media nacional era del 23,1%.

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El Gobierno madrileño realizó este informe para defenderse de las acusaciones de Sánchez y de Podemos de dumping fiscal. También desde Cataluña se criticaba la política de impuestos bajos de Madrid y pedían una armonización fiscal, es decir, obligar a la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso a subir los impuestos.

El resultado de aquellas acusaciones ha sido un nuevo impuesto a nivel nacional para las grandes fortunas -eliminado en Madrid y Andalucía y parcialmente en Galicia y Murcia- que aumenta el riesgo de economía sumergida o de fuga de capitales puesto que los ricos buscan otros países donde establecerse fiscalmente.

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