Calviño quiere «copiar el impuesto francés a las transacciones financieras»

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha mostrado partidaria de aprobar en España un impuesto a las transacciones financieras y, para ello, ha indicado que lo «más seguro es copiar o inspirarse» en el que tienen otros países, como por ejemplo Francia.

Calviño, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, afirmó que lo «ideal» sería que este impuesto se estableciera a nivel mundial y, especialmente, en el ámbito europeo y así lo está impulsando España tanto en el OCDE como en la UE, pero si no es posible, afirmó que «habrá que establecerlo» en la economía española.

En este sentido, rechazó que el impuesto vaya a suponer pérdidas de inversiones en el país, ya que, según dijo, en Francia no ha tenido un resultado negativo. Así, indicó que ayer mismo el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se lo trasladó personalmente en la reunión que mantuvieron en París: «No han visto un desplazamiento de empresas causado por este impuesto».

El impuesto francés que Calviño vería con buenos ojos trasladar a España grava el 0,3% del valor de todas las compraventas de acciones de empresas francesas cotizadas y cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros.

Junto con el impuesto a las transacciones financieras, Calviño apuntó que el Gobierno quiere explorar también cambios en la fiscalidad medioambiental, aunque no concretó ninguna medida. «Estamos explorando distintas alternativas para avanzar hacia una sociedad más limpia, y este Gobierno que tiene un marcado carácter medioambiental no puede dejar de considerar esas opciones», subrayó Calviño, tras afirmar que aún no está decidido si estos cambios se introducirán en la ley de Presupuestos o un texto normativo en paralelo.

No tocar a las clases medias

Lo que sí quiso dejar claro la titular de Economía es que el Gobierno tiene una «clara determinación» de no subir los impuestos a la clase media y trabajadora, y afirmó acerca de si se subirá el IRPF a las rentas anuales superiores a 140.000 euros, que aún no se ha tomado una decisión porque son «distintas piezas del puzzle las que hay que poner en su sitio».

Por otro lado, Calviño se mostró «optimista» acerca de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar y a dialogar «con todo el mundo» para buscar los «mejores equilibrios. «Sería una pena que toda esta ilusión de cambio se frustre porque no haya un apoyo parlamentario», lamentó.

En cuanto a la evolución económica, la ministra aseguró que «de momento» el Gobierno mantiene su previsión de crecer este año un 2,7%, en línea con los principales organismos internacionales, y apostó por seguir reduciendo el déficit acometiendo reformas estructurales por el lado de los ingresos y los gastos, y no solamente «surfeando o cabalgando sobre la coyuntura económica» como hasta ahora.

Desaceleración del PIB

Calviño admitió que aunque el crecimiento sigue siendo positivo y cercano al 3%, la economía española se está desacelerando desde el año 2015, al igual que la mayoría de economías del resto del mundo, si bien aseguró que tiene una base «sólida» de crecimiento. También reprochó que «no es aceptable» que con las mismas previsiones que hace tres meses se estén lanzando ahora «mensajes alarmistas».

No obstante, dijo que el Gobierno tiene que estar «vigilante» porque la coyuntura exterior es «muy volátil» y hay elementos de incertidumbre en el horizonte, como la subida de tipos en Estados Unidos, los cambios en la política monetaria del BCE o las tentaciones proteccionistas.

«La tendencia no indica tasas de crecimiento superiores a futuro. Estamos en una fase positiva del ciclo, pero en la que el crecimiento se está moderando un poco porque se agotan algunos de los motores del crecimiento […]. Todo apunta a una relativa ralentización del crecimiento en todo el mundo y en Europa», reiteró.

Por último, se refirió a la posibilidad de que algunas empresas regresen a Cataluña después de trasladar su sede social fuera de la comunidad, y se limitó a indicar que son decisiones empresariales que hay que respetar y que lo realmente importante es que las empresas tienen libertad para establecerse donde crean oportuno. «Cataluña representa el 19% del PIB español, y yo lo que quiero es que le vaya bien y todo lo que sea ayudar a la economía catalana, me parece muy favorable», afirmó.