Lorenzo Ramos: «La UE hace acuerdos con terceros a los que les exige menos garantías que a España»

La agricultura y la ganadería sufren un momento muy complicado. A la subida de los cereales, piensos e hidrocarburos, hay que sumarle los comentarios del Gobierno, entre otros los del ministro Garzón afirmando, en enero de 2022, que España exportaba carne de mala calidad y que las macrogranjas del país contaminaban «el suelo y el agua», obviando que, en España, más del 85% de los alimentos son producidos en explotaciones pequeñas y medianas gestionadas por familias. El trabajo de miles de agricultores y ganaderos permite alimentar a una sociedad en crecimiento, generar riqueza en las zonas rurales y cuidar la biodiversidad y el medio ambiente.

Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aclara que el ministro Garzón se contradice con la Agencia de Seguridad Alimentaria de su ministerio. que certifica que la carne española es de calidad. Lo cierto es que el ministro de Consumo habló sin documentarse porque, según nos cuenta Lorenzo Ramos, ni él ni nadie de su ministerio les ha consultado ningún dato.

En cuanto a las macrogranjas, si bien no hay una legislación que defina qué son, Lorenzo Ramos reconoce saber que hay intentos de montar explotaciones masivas y que, desde UPA no creen que sea normal. «Es mejor montar cien granjas de 200 vacas repartidas en el territorio que meter en un sólo sitio 20.000 vacas», reconoce. Una de las principales reivindicaciones de agricultores es la del precio justo. «Los costes de producción han sido altísimos y la renta agraria ha bajado porque no cubrimos costes», reconoce.

La Comisión Europea ha hecho una enumeración de exigencias para abogar por la sostenibilidad en los próximos años. Entre otras cosas, propone:

-Reducir el riesgo de pesticidas en al menos un 50% para 2030; reducir los nutrientes perdidos para el medio ambiente en al menos un 50% para 2030.
-Reducir los riesgos de contaminación y los impactos negativos de la contaminación de todas las fuentes para 2030 a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad y las funciones del ecosistema;
-Reducir la huella mundial del consumo para 2030, incluso reduciendo significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos y reduciendo a la mitad el desperdicio de alimentos.

Ante estas propuestas, Lorenzo Ramos es claro: «Muchas de las medidas que plantea la UE, las plantea sin cabeza». «Quieren prohibir herbicidas como el glisofato alegando que podría producir cáncer; sin embargo, todos los estudios científicos de la UE dicen que no produce cáncer». El glifosato es una sustancia química ampliamente utilizada en los productos fitosanitarios. Los productos fitosanitarios a base de glifosato, es decir, las formulaciones que contienen glifosato, coformulantes como los antiespumantes y posiblemente otras sustancias químicas, se utilizan en la agricultura y la horticultura, principalmente para combatir las malas hierbas que compiten con los cultivos.

El uso del glifosato estuvo autorizado en la UE hasta el pasado 15 de diciembre de 2022. La Comisión Europea concedió en 2017 la autorización por un período de cinco años, una vez realizadas las evaluaciones independientes de la EFSA y de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Las diferentes etapas del proceso de autorización de 2017 pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Europea. Es importante resaltar que, el 30 de mayo de 2022, la ECHA confirmó la clasificación de peligro del glifosato, como causante de graves daños para la visión y tóxico para la vida acuática. Si bien, sobre la base de las pruebas científicas disponibles, el Comité de Evaluación de Riesgos de la ECHA (CCR) concluyó también que no estaba justificada la clasificación del glisofato como sustancia carcinógena, mutagénica o tóxica para la reproducción. No obstante, su uso está prohibido en Austria y en distintas regiones de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia y Australia, entre otros países.

Asegura Ramos que «donde hay agricultura y ganadería es muy difícil que haya incendios y problemas medioambientales» y denuncia que las exigencias de la UE no son iguales para los estados miembros y el resto de países a los que se les solicitan menos garantías que les permiten producciones más económicas y, por tanto, menos seguras y más competitivas.