Los interinos se concentran ante el Congreso: «España incumple la normativa europea desde hace 25 años»

Los interinos, representados por distintas asociaciones, sindicatos y plataformas de personal público con contratos temporales se concentran hoy ante el Congreso de los Diputados en Madrid para exigir «la finalización del estado de abuso de temporalidad y la aplicación de una vez por todas de la directiva del 99». Además, piden la recuperación del personal cesado.

Así lo ha indicado Lorenzo Campillo, presidente de la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI), quien ha añadido que «España es el único país que en el ámbito del conjunto de sus administraciones públicas no ha traspuesto la directiva del 99. Lleva más de 25 años sin trasponerse ante varios requerimientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Respecto a los afectados, Campillo ha denunciado que son «más de 1 millón de personas en situación de abuso de temporalidad. Personas, la mayoría, con muchísimos años de experiencia. En el ámbito de la habilitación nacional somos unos 3000 y estamos hablando de compañeros con una media de edad entre 50 y 60 años».

A lo que el presidente de la asociación ha añadido que «en provincias como Guadalajara, como Teruel o como Soria, el porcentaje de la interinidad sigue hasta el 70%. Es decir, estamos viendo que la ley 2021 después de cuatro años, no ha servido: se mantiene ese 40% de la inestabilidad laboral y lo único que pretendemos es que se aplique de una vez por todas la directiva.»

La concentración ha sido convocada, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Función Pública, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti), Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).

Según han informado dichas organizaciones en un comunicado, la concentración se extenderá entre las 11:00 y las 15:00 horas, coincidiendo con una sesión plenaria en el Congreso, y se mantendrán reuniones con diferentes Grupos Parlamentarios.

Además, casi 70 asociaciones, sindicatos, colectivos como el de bomberos forestales, y movimientos ciudadanos como el sanitario, educativo o pensionista, han trasladado ya su apoyo a esta reivindicación, que viene «sólidamente fundamentada» en la normativa europea, con la Directiva sobre trabajado de duración determinada, y en numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La reivindicación central de esta movilización reclamará la tramitación inmediata de la Ley de Función Pública, u otra Ley específica, donde se incluya una solución que sirva tanto para el personal abusado en activo, como para recuperar a los miles de personas cesadas injustamente tras décadas de servicio público.

Sin embargo, han recalcado que el problema de la temporalidad en las administraciones públicas viene «de muchas décadas atrás», que ha sido amplificado por administraciones autonómicas y locales «negligentes», que se han aprovechado de «tener trabajadores de segunda, eternamente temporales, ejerciendo tareas estructurales que hubieran debido de cubrirse de forma fija».

El informe del TJUE sobre los interinos

Por otro lado, las asociaciones, sindicatos y plataformas han recordado que el próximo jueves 9 de octubre el Abogado General de la Unión Europea emitirá un informe acerca de una cuestión remitida por el Tribunal Supremo español en relación a los interinos.

Los interinos prevén que en el escrito de conclusiones, el abogado de la Unión Europea,  reitere la premisa de que «la Ley 2021 española no ha sido una buena solución porque se sigue manteniendo el 40% de la temporalidad en el abuso de los trabajadores con esa falta de estabilización, y lo que le marca Europa es una reducción de la temporalidad al 8%».

Lorenzo Campillo asegura que la Comisión Europea ya inició un expediente sancionador contra España en el año 2014 y «fruto de ese expediente es la congelación de fondos de la Unión Europea de hasta 624 millones de euros para el Estado español y en un conjunto de 1.023 millones que determinan que hasta que no se baje la temporalidad del 8% no van a llegar a las arcas estatales españolas».

Para las plataformas convocantes, el informe será «decisivo» para la postura que adopte TJUE sobre el problema de la temporalidad en las administraciones españolas, y posiblemente «lleve a nuevas sanciones al Estado español».

El presidente de ANSITI ha concluido sus declaraciones lanzando un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez: «En esta España social, democrática y miembro de la Unión Europea parece que para algunos temas sí, pero para otros no».