El impuesto a las grandes fortunas dispara las consultas de empresarios españoles para irse a Portugal

En las últimas semanas, se han disparado las consultas de empresarios y ejecutivos españoles que quieren cambiar su domicilio a Portugal, para evitar el nuevo impuesto a las grandes fortunas que anunció a finales de septiembre el Gobierno, según explican a OKDIARIO desde varios despachos.

Muchos empresarios españoles están estudiando establecer su domicilio en alguna de las principales ciudades de Portugal para evitar pagar el Impuesto de Patrimonio, puesto que tiene una fiscalidad más atractiva. Las citadas fuentes aseguran que los que tienen la posibilidad de viajar desde el país luso a España cada cierto tiempo, porque no tienen la necesidad de estar aquí permanentemente «valoran muy seriamente esta opción».

Se considera que un individuo es residente fiscal en España si permanece físicamente en territorio español más de 183 días. Por ello, estos empresarios se plantean alquilar fuera de las fronteras una vivienda y realizar una serie de gastos para demostrar que viven fuera de España y así evitar pagar el Impuesto de Patrimonio.

Nuevo impuesto

El «impuesto de solidaridad» a las grandes fortunas ha supuesto una encerrona para las autonomías del PP que han bonificado el Impuesto de Patrimonio (Madrid) o las que preveían hacerlo (Andalucía y, parcialmente, Galicia). Ahora, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno se encuentran en la tesitura de tener que decidir entre reinstaurar el tributo o permitir que lo cobre Pedro Sánchez y se quede con su recaudación.

Este nuevo impuesto se aplicará en todo el Estado para los patrimonios superiores a 3 millones de euros y, para evitar la doble imposición, será deducible lo que cada contribuyente pague en su región por el Impuesto de Patrimonio. Lo cual significa que, en las comunidades donde esté bonificado, deberá pagarse íntegramente al Estado. De hecho, acabar con estas bonificaciones es el objetivo real de esta medida.

Compra de casas

El impuesto a las grandes fortunas también va a provocar un éxodo de potenciales compradores de vivienda de lujo en Andalucía hacia la zona del Algarve (Portugal). Por ejemplo, para una vivienda que cueste 20 millones de euros, el comprador tendrá que pagar unos 650.000 euros al año por el nuevo tributo. Por lo tanto, «el inversor va a decidir irse a Portugal para no pagarlo», explican a este medio fuentes de la banca privada.

De este modo, el Estado va a perder dicho ingreso por el Impuesto de Patrimonio y también en concepto de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de la compra, más los impuestos de la construcción.

En este sentido, el sector residencial de Andalucía es uno de los más damnificados porque en otras zonas como en las Islas Baleares se quedan como estaban hasta ahora. Estas fuentes aseguran que así «van a perder más de lo que van a recaudar». Además, añaden que es un gran error aplicarlo a los no residentes, puesto que España es un polo de atracción de ciudadanos de Latinoamérica y Europa.

Este impuesto ha provocado que las grandes fortunas extranjeras que iban a hacer de España su residencia hayan paralizado su decisión de tributar en el país por este nuevo impuesto y la mayor presión fiscal que pretende aplicar el Gobierno.

El impuesto sobre grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7% a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1% a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5% a partir de 10 millones. Con este nuevo impuesto, que permitirá deducir el 100% de lo pagado por el Impuesto de Patrimonio que gestionan las comunidades autónomas, el Gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024. No obstante, la AIReF estima que la recaudación será algo más baja, unos 1.270 millones en 2023 y 1.370 millones en 2024.