Las grandes operadoras de telecomunicaciones auguran un retraso en las inversiones por la «tasa RTVE»

La decisión del Gobierno de aplazar la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación de RTVE a 2023, lo que supondrá una mayor carga de costes para las grandes operadoras de telecomunicaciones que operan en España frente a plataformas de entretenimiento como Netflix o Amazon, ha caído como un jarro de agua fría en las cúpulas directivas de Telefónica, Orange o Vodafone España, que auguran un «complicado» 2022 por este inesperado movimiento que retrasará las inversiones, según confirman fuentes del sector.

A efectos prácticos, el mantenimiento de la conocida «tasa RTVE», por la que las grandes empresas de esta industria contribuyen al presupuesto del Ente Público a través de un doble gravamen, sobre su condición de operadores y sobre su actividad como productores audiovisuales, puede demorar las inversiones, puesto que obligará a estas compañías a desviar recursos para sufragar este impuesto que en un principio estaban previstos para el despliegue de redes, aseguran las fuentes.

El proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre ha generado «sorpresa» y «decepción» entre los directivos de las operadoras, que no encuentran una justificación para esta medida porque supone diferentes reglas de juego en el sector y «un palo en las ruedas» para su negocio, añaden. «Es alargar una injusticia», denuncian.

El viraje del Gobierno, que se había comprometido a que actores como Netflix y Amazon pagaran una cuota de dicha tasa ya en 2022, liberando de cierta carga a los operadores de telecomunicaciones tradicionales, hará que el próximo ejercicio sea más difícil, sobre todo porque el sector «no es rentable», indican.

La sensación generalizada entre estas compañías es de claro agravio comparativo por parte del Gobierno, ya que las plataformas de entretenimiento estarán exentas otro año más de soportar este gravamen, «penalizando con una carga mayor a las empresas españolas», a las mismas que pide que inviertan en redes, apuntan.

La salida que ven las operadoras a esta situación no es otra que un recorte de costes «por donde tenga que ser», lo que redundará en menores inversiones, siempre que ello no perjudique a los clientes, afirman.

En el sector cifran el impacto de la medida del Gobierno, que califican de «aleatoria», en 150 millones de euros -lo que equivale al 0,9% de la facturación total en España de estas tres operadoras-, una suma que «no es moco de pavo» ya que con ella «se pagan muchos salarios» en un momento en el que están en marcha distintos mecanismos de regulación de empleo en esta industria, destacan. Tanto es así, que no descartan más salidas el año que viene como resultado del cambio de opinión del Gobierno, según las fuentes.

Esa cuantía se repartirá entre Telefónica, Orange y Vodafone España, en proporción a su número de clientes, por lo que la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete será la que asuma una cuota mayor al ser la que más abonados tiene. Aunque Telefónica cuenta con músculo financiero suficiente para atenerse a sus planes de inversión, se da por hecho que el cambio de postura del Gobierno «trastocará los números», es decir, su beneficio será inferior al previsto, aseguran las fuentes.

Esto añade tensión a las cuentas de las operadoras, que se habían fijado unos «ambiciosos» objetivos de despliegue de redes 5G y fibra óptica, un proceso, sin duda, ya costoso. Por ello, los financieros de estas empresas están analizando partidas dónde recortar «porque no se saben si van a poder llegar» a las metas marcadas, señalan. «Si lo hubieran sabido esto en la puja por el espectro, habrían puesto menos dinero encima de la mesa», indican las fuentes. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital no respondió a las llamadas en busca de comentarios.

Efectos indirectos

Además, para el sector la decisión del Ejecutivo deja un poso de inseguridad e incertidumbre que afectará a sus respectivas estrategias, dado que no se está dando un mensaje de estabilidad, otorgando mayor «margen de regateo» de cara al futuro para Netflix y Amazon, que podrían ser conscientes de que «presionando» más se pueden obtener mayores concesiones del Gobierno español, comentan las fuentes. «Les están dando tiempo y fuelle para planificarse en sus cuentas de resultados», resumen, pese a que no tributan en España ni contribuyen al Producto Interior Bruto con fuertes inversiones en infraestructuras como las operadoras de telecomunicaciones tradicionales.

Por otra parte, si España ralentiza su desarrollo tecnológico como consecuencia de unas inversiones menores, «se pueden perder razones para atraer inversores», ya que habrá otros países que ofrecerán unas infraestructuras más sólidas, advierten.

Asimismo, la España rural podría experimentar un retraso en el despliegue de redes sobre un terreno que es el segundo más montañoso de Europa, lo que encarece el proceso. «Todos tienen que tener el mismo tipo de acceso a internet», demandan al Gobierno.

Ese impacto no recaería solo sobre pequeñas poblaciones, sino en general sobre la economía española, nutrida principalmente por pymes que necesitan tener páginas web que no se caigan y que ofrezcan una resolución de imagen nítida para vender sus productos a otros países. En definitiva, un ancho de banda suficiente que dote a su operativa diaria de una velocidad de internet suficiente -unos 100 megas, el nivel mínimo requerido para hacer cursos de formación, ver vídeos online y contar con fotografías de alta resolución-.

Por ello, la Asociación Española para la Digitalización tildó el intempestivo giro del Gobierno de «grave perjuicio para la industria de telecomunicaciones», un sector que considera es una «palanca esencial de la recuperación» económica en España tras el impacto económico de la crisis sanitaria.