El Govern ampliará la desaladora de Alcudia con dinero de la ecotasa
Su capacidad actual es de 15.000 metros cúbicos al día cuando se necesitan 22.000
La planta está operativa desde 2010 y no ha conocido ninguna ampliación relevante


La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha iniciado el procedimiento para contratar el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de ampliación de la Instalación Desaladora de Agua Marina (IDAM) de la Bahía de Alcudia.
Esta actuación supone una inversión de cerca de 207.800 euros (sin IVA) y está financiada a través del programa ITS 2024-2025, proveniente del Pacto para la gestión del agua y garantía de recursos, vinculado al Impuesto de Turismo Sostenible.
Según ha informado este martes la Conselleria, la ampliación se considera «imprescindible para atender las necesidades actuales y garantizar el suministro» en otras poblaciones donde la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) tiene en marcha proyectos de extensión de la red en alta. Es el caso de Alcudia, sa Pobla, Can Picafort, Manacor o el Pla de Mallorca.
Según las estimaciones de Abaqua, la necesidad diaria de agua desalada podría exceder los 22.000 metros cúbicos al día, muy por encima de la capacidad actual de la planta.
La desaladora de Alcudia, operativa desde 2010 y sin ampliaciones relevantes desde entonces, cuanta con una capacidad de producción de 14.000 metros cúbicos al día, que podría alcanzar los 15.000 gracias a las mejoras técnicas previstas en otro contrato adjudicado este 2025 para la instalación de nuevos equipos de recuperación de energía y la reducción del consumo eléctrico en el proceso de desalación.
No obstante, el crecimiento demográfico y los nuevos acuerdos de suministro con los ayuntamientos de Alcudia, sa Pobla, Can Picafort, Manacor y Es Pla han situado la demanda en niveles que requerirán aumentar la cantidad de producción de la planta.
El contrato para la redacción del proyecto tendrá un plazo de ejecución de 180 días naturales, susceptibles de suspensión en caso de retrasos por autorizaciones administrativas. La financiación se repartirá en dos anualidades: unos 41.500 euros en 2025 y unos 166.000 euros en 2026 (sin IVA), lo que supone un coste total de unos 251.300 euros con impuestos.