El Gobierno rebaja los controles para agilizar el dinero de Europa y dará subvenciones sin hacer concurso

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere agilizar la ejecución de los fondos de la Unión Europea (UE) y eliminar los conocidos como ‘cuellos de botella’ a los que nos tiene acostumbrados la Administración desde que la crisis del coronavirus comenzó a dar los primeros coletazos. Para conseguirlo, el Ejecutivo propone que los departamentos ministeriales elaboren en un mes una programación anual de los contratos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos del Plan de Recuperación ligados a dichos fondos europeos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50%.

Además, recuperará las agencias estatales, se reducirá a la mitad los plazos de tramitación, la fiscalización de las operaciones no superará los 5 días hábiles y se creará un portal web para registrar todos los proyectos, que actuará como ‘ventanilla única’ para realizar solicitudes.

Así figura en el borrador del real decreto-ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, adelantado por Europa Press, que se aprobará en diciembre y con el que se aborda una reforma estructural para modernizar los procedimientos de ejecución presupuestaria y agilizar y simplificar trámites para canalizar desde enero los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La norma recupera figuras administrativas y crea nuevas estructuras ‘ad hoc’ para agilizar la absorción de los fondos, como es el caso de la creación de agencias estatales como organismo público, que regresan a la Administración Pública como fórmula organizativa dotada de «un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión».

Además, el Gobierno de Sánchez crea una nueva figura administrativa de colaboración público-privada: los proyectos estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dependientes del Ministerio de Industria, que en el plazo de tres meses deberá elaborar el registro estatal de entidades interesadas en los PERTE para que el dinero europeo llegue rápido.

Simplificación de los convenios

Esta nueva estructura organizativa y administrativa será la encargada de agilizar al máximo todos los plazos de los contratos financiados con los fondos europeos, a los que se aplicará «el régimen excepcional de tramitación urgente».

En consecuencia, estos proyectos tendrán preferencia y los plazos para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes quedarán reducidos a cinco días naturales, sin que quepa prórroga alguna, al tiempo que los plazos fijados para la tramitación del procedimiento abierto se reducirán a la mitad por exceso, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de 15 días naturales contados.

En paralelo, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado. En detalle, en el procedimiento abierto simplificado abreviado se fija un umbral para los contratos de obra de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos de suministros y servicios inferior a 100.000 euros; y para el procedimiento abierto simplificado ordinario se establece que el valor del contrato sea inferior a 5,34 millones si es de obras o suministro y servicios, inferior a 138.999 euros cuando sean contratos adjudicados por el Estado, organismos autónomos o entidades de la Seguridad Social, o a 213.999 euros cuando sean contratos distintos. Si son para servicios sociales el valor debe ser inferior a 749.999 euros.

Además, se aborda la simplificación de la tramitación de convenios administrativos eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos. Se permite la tramitación anticipada de los expedientes de convenios que vayan a ejecutarse en el ejercicio siguiente o posteriores.

Excepcionalmente, el plazo de vigencia de estos convenios podrá tener una duración superior a la legalmente establecida, pudiendo llegar como máximo a diez años, con posibilidad de una prórroga de siete años.

Subvenciones más ágiles

La tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de fondos europeos también se agiliza y se acortan los plazos. Así, se eliminan requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros será necesario acuerdo del Consejo de Ministros.

Igualmente, se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gasto que se tramiten para los que su normativa reguladora no permite o bien se limita el desembolso anticipado.

A su vez, se podrán adquirir compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, siempre que no superen los límites y anualidades fijados. Respecto a la fiscalización, señala sobre el régimen de control previo aplicable a los expedientes, que el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles.