El Gobierno pide la nulidad del laudo que le obliga a pagar una millonaria multa a la renovable Bay Wa

El Gobierno español trata de evitar el pago de la indemnización a la energética alemana Bay Wa impuesta por el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por el conocido como ‘hachazo a las renovables’, la decisión del ex presidente Mariano Rajoy de rebajar en 2013 al 7% la retribución a este tipo de energía aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que ascendía al 25%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pedido la nulidad de todo el proceso y el tribunal ha comunicado a las partes el 28 de mayo la suspensión temporal de la ejecución del laudo. El pasado 25 de enero, el Ciadi finalizó el arbitraje interpuesto por Bay Wa contra el Reino de España y decidió darle parte de la razón a la energética alemana, que solicitaba una indemnización de 66 millones de euros a España.

La cantidad final de la indemnización quedó en manos de un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, antes de llegar a ese pacto, el Gobierno español ha pedido la nulidad del proceso y busca evitar el pago a la alemana. Esta estrategia no es nueva y ya la ha repetido el Ejecutivo en otras procesos de arbitrajes abiertos en el Ciadi.

La estrategia le ha salido bien a España en el caso del laudo que le obligaba a pagar 128 millones de euros a Eiser. En junio pasado, el Ciadi dio la razón a España en su petición de nulidad del proceso por conflicto de interés de uno de los árbitros, el propuesto por la propia Eiser, Stanimir Alexandrov. En estos procesos, cada parte propone un árbitro, que debe ser independiente.

En abril, el Gobierno repitió jugada y pidió la nulidad del laudo que le obligaba a pagar 28 millones de euros a la también alemana RWE. La eléctrica teutona presentó en 2014 una reclamación contra España por 430 millones de euros, que el Ciadi rebajó a 28 millones. Ahora, el Ejecutivo insiste en esta estrategia y ha presentado la nulidad del proceso de Bay Wa.

Segundo intento

Reclamar el cese del proceso es el segundo intento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar la oleada de arbitrajes que presentaron los inversores internacionales contra España a raíz del cambio en la retribución aprobado por Rajoy para hacer frente a la crisis. En diciembre de 2019, la ministra aprobó un real decreto que garantizaba una retribución del 7,3% a las empresas que no tuvieran un conflicto abierto contra España. En ese momento había abiertos 45 procesos contra España por más de 10.000 millones de euros.

Ese intento no ha cuajado y la mayoría de los procesos de arbitraje han seguido su hoja de ruta. Sin embargo, el Gobierno sí cuenta a su favor con un pronunciamiento del abogado general de la UE y otro del Tribunal de Luxemburgo, lo que le ha permitido hasta ahora ganar buena parte de los juicios. En cualquier caso, los arbitrajes pendientes suponen una amenaza de casi 10.000 millones para España. La estrategia del Gobierno ha permitido rebajar esa amenaza a 4.500 millones, según ha publicado ‘El País’.