El Gobierno no está dispuesto a crear un nuevo impuesto para financiar los 24.000 millones de euros de las pensiones de viudedad y orfandad, una propuesta realizada por el PSOE y que obligaría a diseñar una nueva figura tributaria similar a la que está vigente en Francia. No obstante, esto no quiere decir que estas pensiones sigan costeándose a cargo de la Seguridad Social, ya que el Ejecutivo está estudiando cómo financiarlas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Según confirman fuentes del departamento ministerial que dirige Fátima Báñez, sacar estas pensiones de la caja única de la Seguridad Social es una de las reformas que está sobre la mesa, ya que permitiría eliminar de un plumazo el déficit del sistema de protección (que cerrará el año cerca de los 17.000 millones de euros), permitiendo que el superávit sirva para engrosar el Fondo de Reserva (la denominada hucha de las pensiones). En la actualidad, quedan en esta herramienta poco más de 24.600 millones de euros y si no hay reformas se agotará a finales del próximo año.
Hace poco más de un año el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ya apuntó la posibilidad de que las pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos y no mediante cotizaciones sociales, como se hace en la actualidad, perdiendo su carácter contributivo.
Aunque el debate sobre la reforma de las pensiones va a durar varios meses en el Congreso de los Diputados en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno quiere que se apruebe una reforma express en el sistema de financiación ya en los PGE de 2017, que se están elaborando en la actualidad. Para su aprobación en sede parlamentaria será necesario que el Ejecutivo llegue a acuerdos con las distintas formaciones políticas y, en este contexto, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se defiende la idea de garantizar los ingresos, pero nunca creando un nuevo impuesto.
Desde el PSOE y Podemos se defiende la necesidad de aumentar las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores, pero eso supondría elevar la carga que soporta el sector privado que es, a la postre, el encargado de crear empleo. Las cotizaciones sociales no dejan de ser un “impuesto al trabajo” y si se elevan se frenará la creación de empleo. En cuanto a Ciudadanos, en el pacto alcanzado con el PP de las 150 medidas se planteaba incluso su reducción en el caso de los trabajadores autónomos.
“Crear un impuesto para mantener el Estado de Bienestar como el de Francia es, por el momento, algo que no se plantea el Gobierno”, señalan otras fuentes gubernamentales consultadas. “Necesitamos incluir alguna medida que permita aumentar la recaudación en los Presupuestos y hay que hacerlo pronto”, añaden desde el departamento que dirige Fátima Báñez.
Precisamente esta semana la comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo inicia sus trabajos en el Congreso de los Diputados una vez que se ha despejado la incertidumbre política. Estos encuentros servirán para elaborar una serie de propuestas que podrán ver la luz en el primer trimestre del próximo año. El próximo martes la ministra de Empleo y Seguridad Social desglosará las “medidas urgentes que necesita el sistema de pensiones para atajar su déficit”.
