El Gobierno eleva este año a 4.600 millones los fondos para el ingreso mínimo mientras vende optimismo

El Gobierno ha aprobado una nueva partida de 558 millones de euros para transferir a la Seguridad Social para pagar el ingreso mínimo vital (IMV), lo que eleva los fondos totales de este año para abonar esta prestación -incluye la ayuda para la infancia- a algo más de 4.600 millones de euros, récord desde que el Ejecutivo aprobó esta ayuda en 2020.

Máximos fondos para pagar esta prestación a los más desfavorecidos mientras el Gobierno vende triunfalismo económico, destacando que es la economía europea que más crece -obviando el maná de los fondos europeos y el alza de la inflación-.

Cada mes subraya que el ingreso mínimo llega a más gente, lo que significa que aumenta la población en riesgo de pobreza. En lo que va de año ha tenido que modificar ya al alza en casi 1.800 millones extra el presupuesto inicial de esta prestación -los Presupuestos están prorrogados desde 2023-.

Pese a ello, y a falta de contabilizar los tres últimos meses de 2025 -de octubre a diciembre- los fondos del ingreso mínimo estaban próximos a agotarse a cierre de septiembre, al haberse consumido ya el 82% del total. De ahí la nueva transferencia de 558 millones aprobada por el Ejecutivo esta semana.

Con esas modificaciones, el presupuesto total supera ya los 4.600 millones de euros. Se ha convertido en el tercer mayor gasto en prestaciones de la Seguridad Social, después de las pensiones y las bajas laborales, que se encuentran también totalmente desbocadas.

Pese a este incremento de las ayudas, el ingreso mínimo no está exento de graves polémicas y deficiencias. En primer lugar, que el pago de esta prestación no ayuda a que los ciudadanos vuelvan al mercado laboral para salir de la situación económica en la que se encuentran. La mitad de los que lo reciben siguen cobrándolo cuatro años después.

No son pocos los perceptores que han trabajado temporalmente durante el año y la Seguridad Social les ha retirado la ayuda y les ha reclamado la prestación por superar el límite anual de ingresos que marca la ley para recibirla, lo que deja a las familias de turno en muchas ocasiones sin ayuda y con una deuda que no puede pagar.

Es el caso de una familia formada por una madre y dos hijos, uno de ellos mayor de edad. Éste trabajó los fines de semana para aumentar los ingresos mientras estudiaba y ello provocó que la Seguridad Social le retirara la ayuda y le reclamara lo ya recibido al superar el límite de ingresos anuales -revisan los datos con Hacienda dos veces al año-. «Es preferible no cobrarla, porque no puedes ni siquiera intentar incorporarte al mercado de trabajo», señala la afectada.

Es una de las casuísticas de los llamados cobros indebidos del ingreso mínimo, que afecta a miles de perceptores de la ayuda y que les deja en una situación de más precariedad. Otro ejemplo son los perceptores a los que se les está reclamando la ayuda por superar los ingresos al contabilizar la pensión por manutención, que no se debe contar. O por contabilizar como patrimonio la vivienda habitual, que también está exenta.

Los afectados se han unido a la organización ATD Cuarto Mundo y han denunciado al Gobierno español en Bruselas por incumplir la Carta Social europea. La denuncia se está investigando en estos momentos y podría obligar al Ejecutivo a cambiar las reglas del juego.

En definitiva, pese al incremento de los fondos, la ayuda no ha acabado con la pobreza teniendo en cuenta los ratios de riesgo de pobreza que publican eurostat y el INE. Sigue en el 26%.