El Gobierno ahoga a las empresas: los costes laborales suben un 28% mientras cae la productividad
El Gobierno de Pedro Sánchez ha incrementado desde el segundo trimestre de 2018 los costes laborales en un 27,6% -casi un 28%-, con lo que se ahoga a las empresas si tenemos en cuenta que, en el mismo periodo, la productividad por hora ha caído en 2,3 puntos. La realidad de estos dos datos contrasta con el sentir del Ejecutivo, que alude a los beneficios de algunas grandes empresas de manera general para buscar nuevas subidas de impuestos.
De hecho, en el alero está una nueva subida impositiva que afecta sobre todo al sector energético. De que Junts se deje convencer por el Gobierno dependerá que salga adelante. De momento se mantienen junto al Partido Popular, que propuso una rebaja en lugar de un aumento de la fiscalidad, pero dependerá de que Pedro Sánchez cumpla lo pactado en la investidura que los de Carles Puigdemont cambien de opinión y se produzca una nueva subida de la presión fiscal.
Desde que Sánchez accedió al Gobierno en la segunda mitad de 2018, los costes laborales -no digamos ya la fiscalidad al completo, con cambios en el IVA o las subidas de los costes energéticos- han subido un 27,6%, mientras la productividad laboral, medida en horas, caía un 2,3%.
Este movimiento dispar ha provocado una pérdida de competitividad de las empresas españolas que está costando recuperar, puesto que tras la pandemia mundial el shock económico en Europa -y su exceso de regulación- no ha permitido luchar en condiciones de igualdad con estadounidenses o chinos.
El aumento en la presión, especialmente de los costes laborales, ahoga a las empresas. La subida del Salario Mínimo Interprofesional -SMI- ya obligaba a una subida en las cotizaciones, pero es que además el Ejecutivo de Sánchez elevó esos costes este mismo año, y hará lo propio en 2025.
Cierres de empresas
El año 2024 está siendo incluso bueno para las cifras del Gobierno de Sánchez si tenemos en cuenta que 2022 supuso un récord histórico para el cierre de empresas. Los créditos contraídos en pandemia -porque no eran ayudas, sino créditos que había que devolver con intereses- asfixiaron a muchas pymes que, tras intentar aguantar el golpe, tuvieron que cerrar.
Al margen de ese récord, España ha venido destruyendo empresas desde diciembre de 2018, momento en que Pedro Sánchez accedió al cargo, algo que no sucedía antes de su llegada. Pese a la fuerte creación de empresas, a cierre de septiembre de 2024 -últimos datos de la Seguridad Social-, más de 16.900 han echado el cierre en términos netos.
Esto, según los datos oficiales. La realidad es que muchas de las empresas que cierran no avisan a la Seguridad Social, porque no es obligatorio y es un trámite menos, y tardan un tiempo en ser anotadas como ‘cerradas’. Los datos que maneja el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos son más alarmantes: 129.000 negocios cerrarán en 2024 -hay que descontar empresas creadas- y casi medio millón de compañías acabarán el año con pérdidas. Desde el Colegio señalan varios motivos, pero el aumento de esos costes laborales por parte del Gobierno es uno de los principales problemas que ahoga, como decimos, a las empresas.
Impuestos 2025
El Gobierno aprobará una reforma fiscal ya para 2025 que elevará los impuestos un 0,3% del PIB, unos 4.500 millones de euros, e incrementará el gasto en un 3,4% de media en los próximos cuatro años, unos 12.700 millones de euros cada ejercicio. Este es el compromiso del Gobierno con Bruselas para cumplir con las reglas de gasto que impone la Comisión Europea a todos los países miembro para bajar el déficit del 3% y la deuda del 60%.
Así lo refleja el Gobierno en el Plan Fiscal 2025-2028. El Ejecutivo prepara subidas de impuestos que está negociando con la Comisión y que algunas de ellas ya están confirmadas, como convertir en permanentes el impuesto a la banca.
Además, el Gobierno seguirá elevando el gasto público en los próximos cuatro años en una media del 3,4% anual hasta 2028, y del 3% hasta 2031. Eso implica que cada año el Gobierno tiene calculado que puede gastar 12.700 millones más y cumplir con las reglas de gasto de Bruselas. De esta forma, el Ejecutivo prevé que el déficit esté en el 1,6% a cierre de 2028, apenas la mitad de lo que cerrará en 2024 -la previsión es un 3%-, y la deuda por debajo del 98% del PIB -102,5% en 2024-.