El Gobierno se ahoga: el Congreso impide a Sánchez confiscar 14.000 millones a los ayuntamientos

Los socios de investidura de Pedro Sánchez han dado la espalda por primera vez a la coalición PSOE-Podemos, en una votación que era clave de cara al desarrollo de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que el Gobierno se tambalea cuando está apunto de empezar a tramitarse una Ley que tendrá que servir de guía para la política estatal en 2021, un año en el que o España comienza la recuperación económica o se sumirá en un abismo que obligará, de facto, a replantearse el Estado del Bienestar como lo conocemos.

Un ‘negocio’ para el Gobierno central que le ha salido mal a Sánchez

La realidad es que Pedro Sánchez y su portavoz María Jesús Montero habían propuesto un negocio muy poco apetecible a los alcaldes españoles, que los socialistas sí que habían tenido que aceptar a regañadientes. Sánchez quiere enjugar el déficit del Estado durante esta crisis con los ahorros de cerca de 14.000 millones de las ciudades y municipios y, a cambio, les dejaba gastar 5.000 millones en dos años y el resto en 10 más. Es decir, un negocio muy poco atractivo que, en realidad, dejaría en la estacada a municipios que no cuentan con superávit y que también han visto como en los últimos meses se está desplomando la recaudación en sus arcas públicas.

Básicamente, lo que pretendía el Ejecutivo socialcomunista era lo siguiente: ganar liquidez a costa de los ayuntamientos que han hecho los deberes en los últimos años y, a cambio, devolverles parte de ese dinero -pero sólo una parte- para financiar algunos gastos de interés ideológico para el Gobierno central. Es decir, habría dinero para cultura o urbanismo sostenible, pero no para apoyar a hosteleros, para dar soporte a las pymes y autónomos o para la limpieza diaria de los municipios, temas que sí que se han visto muy afectados por la crisis del coronavirus.

Para entenderlo más claramente: el Ejecutivo buscaba que los ayuntamientos entregaran todo el superávit que tengan y que no pueden gastar al Estado y a cambio el Gobierno establecería el siguiente mecanismo: les devolvería el 35% del dinero que le entreguen a Hacienda en dos años y el resto lo irán recibiendo, poco a poco, durante diez años más con la distribución que defina el Ejecutivo central. Lo que se puede llamar un buen negocio para el Estado y un mal negocio para los ayuntamientos.

Ante el enfado del PP, el Gobierno prometió retoques en el pacto que busca con los alcaldes para mantener el status quo pero finalmente sólo incorporó un párrafo con maquillaje, prometiendo una nueva financiación y más competencias. Pero surgía la siguiente pregunta que finalmente ha llevado a que sus socios dejen a Sánchez en la estacada: ¿Con qué dinero, si los ingresos tributarios del Estado se están desplomando un 30% y se espera un déficit del conjunto de las administraciones superior al 10%?

El PP pide al Gobierno que no se tome «la revancha»

Antes de que se conociera el fracaso de Sánchez -aunque ya se sospechaba-, el portavoz del Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, pidió diálogo al Gobierno y no tomarse «la revancha» si finalmente no logra convalidar el decreto ley sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos.

Numerosos alcaldes del PP habían acudido a las puertas del Congreso para mostrar su rechazo a la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el alcalde de Zaragoza ha reprochado «el regateo» que ha hecho en las últimas horas, con ofertas a los grupos para tratar de salvar el texto.