El Gobierno hace oficial el palo a los bancos: adiós a expedir tarjetas de crédito

Durante años, muchos consumidores se han encontrado que les llegaban a casa tarjetas de crédito que nunca pidieron, ampliaciones de límite que nadie les consultó o líneas de financiación que aparecían activadas sin previo aviso. Era una práctica habitual en buena parte del sector bancario, una forma de estimular el consumo y aumentar la vinculación del cliente, aunque a menudo derivaba en deudas imprevistas y reclamaciones. Ahora, ese escenario tiene fecha de caducidad.

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley sobre Crédito al Consumo, un texto que busca frenar estas prácticas y reforzar la protección del usuario. La norma establece que ninguna entidad podrá conceder crédito sin que el consumidor lo solicite y dé su consentimiento expreso. Un cambio profundo en la operativa bancaria que afecta directamente a tarjetas, límites de financiación, microcréditos y fórmulas de pago aplazado. La medida no sólo pretende restringir un comportamiento comercial que llevaba décadas normalizado, sino evitar situaciones de sobreendeudamiento que han afectado a miles de familias. La ley abre un nuevo marco de obligaciones, límites y supervisión que transformará por completo la relación entre bancos y clientes en cualquier operación ligada al crédito al consumo.

Fin a las tarjetas de crédito no solicitadas

El punto más rotundo del anteproyecto es también el más esperado por organizaciones de consumidores: queda prohibido expedir tarjetas de crédito no solicitadas, así como ampliar límites o activar nuevas líneas de financiación sin que el cliente lo pida expresamente. El texto oficial lo recoge sin que haya margen para interpretaciones: «Se prohíbe toda concesión de crédito a los consumidores que no hayan solicitado previamente y sin su consentimiento expreso».

La restricción va un paso más allá de lo que ya establecía la Ley de Servicios de Pago, que obligaba a no enviar tarjetas que el usuario no hubiera solicitado, salvo en casos de renovación. Ahora la prohibición se extiende a la esencia del producto: el crédito. Es decir, ni tarjetas nuevas, ni aumentos de límite, ni activaciones automáticas.

Durante años, muchas entidades incluían tarjetas en paquetes comerciales o activaban límites adicionales como parte de promociones internas. Para el cliente, esas ampliaciones eran a veces imperceptibles hasta que llegaba el extracto. Con la nueva ley, esta práctica desaparece y cualquier concesión de crédito requerirá una aceptación clara, documentada y previa.

Las ofertas siguen permitidas, pero sin activaciones automáticas

Esto no significa que la banca tenga que renunciar a ofrecer sus productos. El Ministerio de Economía ha dejado claro que podrán seguir enviando ofertas, simulaciones de préstamos o tarjetas preconcedidas, siempre que no se activen ni concedan sin el consentimiento del usuario. Es decir, la publicidad sigue siendo legal; lo que queda vetado es convertir una oferta en un crédito real sin intervención del cliente.

El matiz es importante, porque salva las campañas comerciales tradicionales y los préstamos preautorizados, un formato que millones de clientes reciben cada año. Sin embargo, la activación ya no será automática en ningún caso.

Regulación también para el ‘buy now, pay later’ y los créditos rápidos

El anteproyecto adapta el derecho español a dos directivas europeas y amplía el alcance de la regulación. No se limita a la banca tradicional: cubre préstamos personales, microcréditos, pagos fraccionados, créditos rápidos y, por primera vez, los modelos buy now, pay later (BNPL), que en los últimos años han crecido con fuerza en el comercio electrónico.

Además, cualquier empresa que ofrezca financiación al consumo, incluidas plataformas digitales o tiendas que permiten pagar en varios plazos, tendrá que estar supervisada por el Banco de España o colaborar con un intermediario financiero regulado si pretende cobrar intereses. Esto evitará que comercios o compañías tecnológicas funcionen como prestamistas sin control.

Límites a la usura y control de las tarjetas revolving

Entre los puntos más relevantes está la introducción de límites al coste del dinero para frenar prácticas cercanas a la usura. Tendrán especial impacto en las tarjetas revolving, uno de los productos más caros del mercado y que acumula litigios por intereses desproporcionados.

La ley también prevé topes para comisiones por descubiertos, nuevas obligaciones de transparencia y mayor control sobre la información que debe recibir el consumidor antes de firmar cualquier producto financiero. El objetivo es claro: que el cliente sepa exactamente qué está contratando y cuánto acabará pagando.

En definitiva, la norma supone un giro relevante en la operativa del sector. A partir de ahora, ofrecer financiación seguirá siendo legal, pero concederla sin solicitud dejará de serlo. Se trata de un intento de equilibrar la balanza en un momento en el que el crédito al consumo sigue creciendo y las familias afrontan un contexto económico donde cada decisión financiera pesa más que antes. Para los bancos, la directiva implica ajustar procesos internos y redefinir estrategias comerciales; para los consumidores, significa mayor control, menos riesgos y una relación más clara con los productos que contratan.