Ferrovial sigue adelante con su cambio de sede pese a las amenazas de Calviño: «Tienen recorrido cero»

Ferrovial está convencida de que la última acometida del Gobierno contra el traslado de su sede a Países Bajos utilizando a la Agencia Tributaria como ariete tiene «un recorrido equivalente a cero». Este nuevo intento de intimidación se basa en la posibilidad de que la Agencia no apruebe las exenciones fiscales que le corresponderían por la fusión por absorción entre la filial holandesa de la compañía y la matriz en España, que la eximiría de pagar los tributos correspondientes por las plusvalías latentes afloradas, salvo que sea posible demostrar que la operación no obedece exclusivamente a motivos fiscales. Pero la empresa ya ha insistido repetidamente en que el movimiento es neutral desde el punto de vista fiscal y que se adopta sólo por motivos económicos.

Antes de tomar el paso, Ferrovial ha estudiado el asunto a conciencia con su departamento jurídico, así como con asesores externos. Todos han asegurado que, hasta la fecha, las operaciones de fusión y de reestructuración empresarial en España han recibido sin excepción el visto bueno de Hacienda, entre otras cuestiones porque la ley del Impuesto de Sociedades no desarrolla con detalle los motivos económicos, de manera que basta con que la empresa implicada argumente que va a conseguir reducir sus gastos, tener menor costes y que va a ganar en eficiencia y rentabilidad. Punto. No hay más. Y esta es la tesis que ha sido aceptada desde siempre por la Agencia Tributaria y la que ha permitido que todas las operaciones de carácter similar que se han llevado a cabo en España hayan conseguido beneficiarse de las exenciones fiscales que se aplican a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social a otro estado miembro de la Unión Europea como es el caso.

A pesar de todo, y con motivo de la rueda de prensa de presentación de la campaña sobre la renta, la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, dijo ayer que aunque no puede hablar de contribuyentes concretos «se investigará el traslado de sede y se sancionará a la multinacional con cantidades importantes si la salida del país sólo obedece a motivos fiscales». Aunque la Agencia es un organismo autónomo y teóricamente independientes, la señora Fernández no se aparta de las directrices impartidas por doquier por la vicepresidenta Calviño, que el pasado martes envío una carta a la dirección de Ferrovial, firmada por su secretario de Estado Gonzalo García Andrés, conminando a la compañía a deshacer su operación en vísperas de la Junta General que se celebra hoy argumentando que se puede cotizar perfectamente en la bolsa de Nueva York desde España, aunque finalmente entrando en contradicción cuando, al mismo tiempo, invita a la empresa a explorar de manera conjunta las vías de solución en caso de que tal iniciativa no pueda llevarse a cabo con el marco legal vigente.

Ferrovial no tiene duda de que a pesar de la ofensiva del Gobierno por tierra, mar y aire, la Junta General que tiene lugar hoy aprobará el cambio de sede. La votación tendrá dos fases. Primero, sobre el traslado de sede -para cuyo visto bueno basta con una mayoría simple-, y después el ejercicio de separación de la sociedad de aquellos que por el motivo que sea se han opuesto en la primera votación. Hasta el momento, sólo la sociedad de Leopoldo del Pino, hermano del actual presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha manifestado su oposición al traslado, pero también que no va a ejercer el derecho de separación. Por otra parte, la operación está prácticamente despejada desde que todos los proxy advisor -las firmas contratadas por los inversores institucionales para asesorarlos en los puntos del día de la Junta- han recomendado respaldar la decisión de los ejecutivos de la compañía.

Ayer además se despejó otro obstáculo tras la decisión de Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, de cambiar su voto y apoyar el plan de Ferrovial de cambiar su sede a Países Bajos en la antesala a la junta de accionistas de la constructora donde se abordará este traslado. Este cambio de posición se produce en medio de la polémica con el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue presionando a la compañía para que se quede en España. Así figura en su página web, en la que aparece un voto favorable en todos y cada uno de los puntos del orden del día de la junta, incluido el 10,1, que es el que trata la fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial holandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social.

Con motivo del cambio de sede, entre quince y veinte directivos de Ferrovial se trasladarán a Países Bajos, cinco de ellos miembros del comité de dirección. «Este el movimiento lógico para llevarla a cabo, pero ello tampoco implica, como se está diciendo, que allí vayan a pagar menos impuestos que en España. En algunos casos, el régimen fiscal holandés es más favorable, y en otros peor; no se trata de las mismas reglas que se aplican por ejemplo en Irlanda o en Luxemburgo», apuntan fuentes de Ferrovial. Los citados medios insisten por eso en que la operación es neutra desde el punto fiscal a todos los efectos, incluidos con matices los casos personales.