La falta de presupuesto obliga a Sánchez a reducir el gasto y arriesga 10.000 millones de fondos europeos

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de renunciar a presentar un proyecto de presupuestos del Estado para este año complicará notablemente la capacidad de gasto del Ejecutivo, el cumplimiento de sus compromisos con los partidos políticos que lo sostienen en la Moncloa y, sobre todo, arriesga la ejecución de hasta 10.000 millones en fondos europeos, que es la suma pendiente para el presente ejercicio, y que está vinculada indefectiblemente a eventuales partidas presupuestarias -a partir de ahora inexistentes-, lo que causará un grave perjuicio para sus eventuales destinatarios.

El presidente siempre podrá aducir que su renuncia es la consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña -debido precisamente a la incapacidad del responsable de la Generalitat de sacar adelante sus propias cuentas públicas-, pero las repercusiones de su decisión son evidentes. En adelante, cualquier compromiso nuevo de gasto tendrá que ser aprobado a través de la fórmula del decreto ley, que está prevista para circunstancias extraordinarias, y para la que cuesta recabar los apoyos correspondientes.

Tras la renuncia del presidente a emprender una negociación sobre los presupuestos compleja, dada la apertura del proceso electoral en Cataluña, los decretos leyes que se aprobarán casi sin dificultad son los que se refieren al aumento del salario de los funcionarios y la revalorización de las pensiones de acuerdo con la marcha de la inflación. Pero en el aire quedan otros asuntos de enjundia como la condonación de la deuda de las autonomías, demandada sobre todo por Cataluña y que, sólo en lo que respecta al uso que ha hecho del Fondo de Liquidez Autonómica, asciende a más de 70.000 millones, a la que habría que sumar la del resto de las regiones.

España también se había comprometido a seguir aplicando reformas estructurales para aumentar el nivel de inversión, avanzando en la llamada transición ecológica y digital, así como aumentando las capacidades de Defensa, un Departamento para el que existe un compromiso explícito de elevar el gasto progresivamente hasta alcanzar el 2% del PIB.A pesar de que el Gobierno niega la mayor, y asegura que la renuncia a aprobar un presupuesto no tendrá efectos sobre la recepción de fondos europeos, este mismo lunes, y en el curso de la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que los recursos comunitarios son clave para mantener el nivel de inversión, dada la compleja situación fiscal del país, así como su alto déficit estructural.

Para ello, Cuerpo se comprometió a que la presentación de los presupuestos para este año no se demorase, a fin de que su aprobación habilitara el cuarto pago a España del plan de recuperación por valor de 10.000 millones que ahora está en entredicho. Todo este catálogo de buenas intenciones ha quedado ahora en entredicho, como consecuencia de la convocatoria de las elecciones catalanas y de la reacción del presidente Sánchez de renunciar a elaborar el proyecto de presupuestos.

Los problemas para recibir los fondos europeos supondrían una vuelta de tuerca para las empresas potencialmente beneficiarias, que llevan tiempo quejándose de la falta de agilidad en la gestión de los recursos comunitarios a cargo del Gobierno de Madrid, una deficiencia que también ha sido señalada por la comisión del Parlamento Europeo encargada del seguimiento en la ejecución de los fondos comunes y cuya conclusión es meridiana: no hay otro país en la Unión Europea en el que las irregularidades hayan sido tan corrientes y reiteradas.

Si hay un aspecto positivo en la renuncia a la presentación del presupuesto, desde el punto de vista de la ortodoxia económica, es que la ausencia de unas cuentas públicas para 2024 ayudará a contener el despilfarro, al impedir que entre en vigor el nuevo techo de gasto que barajaba la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que entrañaba un crecimiento del 9% -contando con los fondos europeos-.

Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de la consultora Equipo Económico y ex secretario de Estado de Hacienda, asegura que un techo de gasto de más de 190.000 millones -como el que se preveía- representaba un aumento del 60% desde los niveles alanzados en 2019, durante la pandemia». «Hace unos años, una suma ya tan abultada podía tener una justificación dada la situación extraordinaria provocada por el Covid y la caída dramática de la actividad económica, pero hay que evitar en todo lo posible convertir lo anormal en algo estructural», indica.

A su juicio, «el peso del sector público en la economía es cada vez mayor y más asfixiante; ahora tocaría reducir el déficit y el endeudamiento público, es decir, conseguir superávit primario -exceptuando los pagos por los intereses de la deuda-.  A su juicio, la ausencia definitiva de un presupuesto para este año puede ayudar, paradójicamente, al cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea, que a falta de ser revalidadas definitivamente por el Parlamento de Estrasburgo, entrarán en vigor en 2025, pero para las que existía la urgencia de ir acomodando el ritmo de crecimiento del gasto público a las nuevas orientaciones.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket, considera que, a partir de ahora, es más factible reducir el déficit público del 3,8% al 3% del PIB, salvo que el Gobierno sea capaz de encadenar una serie de decretos leyes con las mismas consecuencias de disparar, aunque por la vía de atrás, el gasto del Estado hasta que unos eventuales presupuestos para 2025 acabaran regularizándolo, lo cual sería mucho más difícil con las reglas fiscales comunitarias ya en vigor.

Otra cuestión pendiente de los presupuestos es la consolidación de los impuestos extraordinarios a las compañías eléctricas y a la banca, que el partido Sumar, que preside la vicepresidenta Díaz, desea convertir en permanentes y que, tras decaer el presupuesto y su ley de acompañamiento -en la que debería haber estado incluida-, debería adoptar también la vía del decreto ley.