Vivienda

Bancos y fondos se rebelan contra las expropiaciones de Armengol y presentan alegaciones

Armengol
Francina Armengol, presidenta del Gobierno de Baleares

Los fondos y bancos expropiados en Baleares se han levantado contra el Gobierno socialista de Armengol. Cerca de quince afectados por la cesión del uso temporal de viviendas han presentado alegaciones. Así lo ha anunciado el director general de Vivienda, Eduard Robsy, quien ha admitido abiertamente que esperaban esta decisión de los afectos. Ahora, el Gobierno balear estudiará las alegaciones. Bankia, Sabadell, Aliseda, el ‘servicer’ inmobiliario de Quasar -sociedad de Santander y Blackstone, el fondo de inversión Divarian -participado por BBVA y Cerberus son alguno de los expropiados.

El responsable de vivienda de Baleares ha dicho que están «abiertos» a leer y escuchar los argumentos de los afectados y reconsiderar las decisiones si hubiera razones suficientes para ello aunque, a su juicio, «el Ejecutivo ha actuado correctamente», decía. Una vez resultas las alegaciones, ha apuntado, se firmará la resolución definitiva de la expropiación de uso temporal para que pueda seguirse con el procedimiento.

Además, según ha añadido, además de los tenedores afectados directamente por la orden del Gobierno belear, una tercera entidad no afectada directamente, también ha presentado alegaciones, aunque no ha precisado sus razones ni el tipo de entidad. En total, el Gobierno de Francina Armengol expropió 56 viviendas a bancos y grandes fondos a principios de marzo.

Por otra parte, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, se ha mostrado partidario de la regulación del precio de los alquileres y ha lamentado, sin embargo, que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para ello.

Robsy ha explicado que las comunidades autónomas no tienen la capacidad legislativa, aunque se han hecho consultas al respecto, porque se trata de una decisión que afectaría a la competencia y a la ley estatal en la materia. En todo caso, Marí ha considerado que la regulación por parte del Estado «sería una buena opción».

Bankia fue una de las primeras entidades que presentó alegaciones a la medida, tal y como adelantó OKDIARIO. En total, se trata de seis viviendas expropidas. Cuatro están situados en la localidad de Inca, y los otros en Palma y Manacor.

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