Investigan a un monitor de un campamento de verano por agredir sexualmente a dos niñas de 4 y 6 años en Madrid

La Guardia Civil investiga a un joven monitor de un campamento de verano en Arroyomolinos (Madrid) por dos presuntas agresiones sexuales a dos niñas de 4 y 6 años de edad. Los padres acusan a la empresa del campamento de ocultar los hechos durante ocho días. Las agresiones habrían tenido lugar el pasado 9 de julio en el interior de los baños del colegio público Legazpi que acogen las actividades del campamento para niños.

Fuentes de la Guardia Civil confirman que las familias de las dos menores han puesto sendas denuncias por agresión sexual contra el monitor e investigan, además de estos dos casos, si existen indicios de agresiones a más víctimas por parte de la misma persona.

Aunque los hechos tuvieron lugar el 9 de julio, la contrata del campamento despidió al joven sospechoso el pasado viernes 17 de julio y de momento figura como investigado no detenido. La Guardia Civil da presunción de veracidad a las denuncias de las familias de ambas menores, pero está recabando más datos, ya que las víctimas no cuentan con informes médicos de las agresiones sexuales.

Acusan al campamento de ocultarlo

Los padres de las víctimas, como del resto de las familias que tienen menores en el campamento, acusan a la empresa que dirige el campamento de verano de ocultar durante más de una semana los hechos.

De demostrarse esta acusación, la actitud de la empresa podría haber perjudicado a la investigación.

Según el relato de los hechos que avanza el diario El Mundo, el día 9 de julio varias monitoras del campamento sorprendieron al sospechoso con dos niñas desnudas en uno de los baños del colegio. Las monitoras trasladaron los hechos de inmediato a la empresa, pero esta no solo no informó a los padres, sino que mantuvo al monitor sospechoso trabajando en el campamento, limitándose a trasladarlo al comedor.

El Ayuntamiento de Arroyomolinos no descarta personarse como acusación particular. El campamento está organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada que resultó adjudicataria en una licitación pública, ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado en el que niega toda relación con el trabajador.

El Consistorio expresa su «condena absoluta» y recuerda que ante todo «prevalecen los derechos y el bienestar de los menores y de sus familias».

El Ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias de las menores «todos los recursos disponibles» del área de Servicios Sociales para que reciban apoyo psicológico y asesoramiento legal.

En su comunicado, el Consistorio señala que esperan que la Mancomunidad del Sureste exija responsabilidades a la empresa adjudicataria del campamento.