Estas personas tienen que estar atentas a su nómina: el inesperado cambio que está a punto de llegar

Este enero de 2025, más de tres millones de trabajadores se verán favorecidos con un incremento salarial del 0,5%, que se aplicará de forma retroactiva desde 2024. Esta subida no sólo contempla el ajuste porcentual previsto, sino que también incluirá una compensación adicional por los meses transcurridos desde el año pasado. Sin embargo, no todos los empleados se beneficiarán de esta medida, ya que está dirigida exclusivamente a los funcionarios públicos. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en España existen actualmente alrededor de 2,97 millones de funcionarios.

El incremento anunciado se suma al aumento del 2% que los trabajadores del sector público ya recibieron en el verano de 2024 para paliar los efectos de la inflación. Dado que la inflación ha superado el 8%, las cláusulas establecidas el año pasado aseguran que este ajuste adicional se implemente en 2025. De esta manera, todos los empleados públicos, desde los del Estado hasta los de las entidades locales, se beneficiarán de esta subida.

Subida en el salario de los funcionarios

A partir de enero de 2025, los empleados públicos en España verán reflejada en sus nóminas una subida salarial del 0,5%, aplicable de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2024. Este incremento, que se consolida en sus retribuciones, forma parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO en 2022.

Este acuerdo establecía una senda de incrementos salariales a lo largo de tres años, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios debido a la inflación. A pesar de las dificultades que algunos sindicatos, como CSIF, han señalado sobre la insuficiencia de estos aumentos frente al coste de vida, los sindicatos mayoritarios defienden que el pacto ha sido un avance importante tanto en términos salariales como en derechos laborales.

La subida de este 0,5% se suma a los aumentos ya aplicados en años anteriores, con un 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 más un 0,5% adicional, y el 2% correspondiente a 2024. El ajuste del 0,5% adicional se activó porque la inflación acumulada entre 2022 y 2024 superó el umbral del 8%, una de las condiciones establecidas en el acuerdo. En términos globales, el aumento total en el periodo 2022-2024 ronda el 10%, ya que cada incremento se aplica sobre la nómina ya ajustada.

Los sindicatos UGT y CCOO subrayan que, a pesar de las dificultades para alcanzar un equilibrio perfecto entre el crecimiento salarial y la inflación, este acuerdo ha logrado avances importantes en la recuperación de derechos laborales para los empleados públicos. Además de las subidas salariales, el acuerdo también ha abordado otros temas relevantes, como la jornada laboral de 35 horas semanales, la creación de planes de igualdad en todas las administraciones públicas, y la recuperación de la jubilación parcial para los funcionarios.

No obstante, no todos los sindicatos están satisfechos con los resultados. CSIF, que no firmó el acuerdo marco, denuncia que la subida salarial no ha sido suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que ha aumentado a lo largo de los años debido a la inflación.

Desde 2022, según los cálculos de este sindicato, los trabajadores del sector público han perdido un 5,8% de su poder adquisitivo, y esa cifra supera el 20% si se compara con los recortes salariales de 2010. CSIF insta al Gobierno a convocar de manera urgente la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar un aumento salarial para 2025 y resolver lo que considera una situación insostenible para los empleados públicos.

A nivel más general, el aumento salarial de los empleados públicos se ha dado en un contexto en el que también se está debatiendo una posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, se plantea un incremento mínimo del 3,4% o incluso del 4,4%, lo que llevaría el SMI a un rango de entre 1.172,5 euros y 1.184 euros brutos mensuales, repartidos en 14 pagas. Este aumento beneficiaría a más de 2,5 millones de trabajadores en el sector privado. Sin embargo, este acuerdo aún no se ha cerrado y está pendiente de ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Real Decreto correspondiente.

Grupos profesionales

La subida del 0,5% se estructura de acuerdo con la clasificación de los funcionarios.

Los funcionarios de cada grupo profesional recibirán un aumento distinto según sus responsabilidades y formación. En el caso del Grupo A1, que agrupa a aquellos con funciones especializadas y requisitos de formación universitaria, el incremento será de 150 euros. Para el Grupo A2, destinado a empleados con titulaciones de diplomatura o ingeniería técnica, el aumento será de 130 euros. Los trabajadores del Grupo B, que se dedican a tareas técnicas y administrativas con formación profesional de grado superior, recibirán 110 euros adicionales.

Los funcionarios del Grupo C, con tareas administrativas y operativas, verán un incremento de 95 euros, mientras que aquellos del Grupo D, con requisitos de titulación secundaria, recibirán 80 euros. Estos aumentos reflejan el reconocimiento de las diferentes responsabilidades y niveles de formación dentro del sector público.