Las eléctricas temen que la Comisión de la Energía de Ribera aumente el intervencionismo en el sector

Las compañías eléctricas temen que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llene la nueva Comisión de la Energía (CNE) de personas fieles a sus postulados en favor del intervencionismo en el mercado. El sector aprueba el regreso de la CNE porque prefiere contar con un organismo independiente propio, con el que tener una interlocución más completa y razonable que abarque todos los desafíos y problemas que atraviesan las  empresas, en lugar de la anterior Comisión Nacional de la Competencia (Cnmc), para la que la energía era uno más de los ámbitos sometidos a su regulación. Pero no se fían de los planes que maneja Ribera para completar el organigrama de la institución.

Como posible presidenta de la CNE  suena Natalia Fabra, catedrática de Fundamento del Análisis Económico de la Universidad Carlos III de Madrid, y experta en regulación. Fabra tuvo una influencia decisiva sobre Ribera en su propuesta de reforma del sector eléctrico durante la Presidencia española de la UE. Finalmente, aquellas ideas tuvieron que ser aparcadas, de manera que la solución final acabó siendo el fruto del acuerdo entre Francia y Alemania, dando vía libre, entre otros asuntos, al mantenimiento e incluso intensificación de la producción de energía nuclear.

Ribera no consiguió frenar la energía producida a través de los combustibles fósiles -que era su programa de máximos-, ni tampoco abrir un espacio para la intervención política en el mercado -como deseaba- ni por supuesto acabar con el sistema marginalista -por el que la energía más competitiva en precio es la que acaba marcando el coste final de la luz para el consumidor-.

A cambio de sentar la base de un acuerdo sobre la reforma eléctrica, la ministra tuvo que renunciar a todas sus posiciones maximalistas y ha comprometido el futuro de la industria nacional, que por primera vez estaba pagando una energía más barata fruto de la expansión de las renovables en nuestro país, pero que ahora tendrá que competir con fuentes de energía subvencionadas tanto en Francia como en Alemania. También se aplicará a las renovables el impuesto a la generación del 7%, como al resto de las fuentes de suministro, a pesar de que tal circunstancia es un lastre para la transición ecológica.

Ahora, con la puesta en marcha de la nueva CNE, que previsiblemente estará operativa a finales de años, las empresas del sector están preocupadas por que retorne el aire intervencionista que ha sido consustancial al Ministerio de Transición Ecológica, que aumenten las presiones sobre las compañías y que vuelva el afán intervencionista sobre los precios. «Si nos van a apretar más, pues la operación de recuperación de la antigua comisión de la energía habrá sido un completo fracaso», indican los medios consultados.

Tampoco hay que olvidar que Sumar, el partido coaligado con los socialistas en el Gobierno, y a cuyo frente está la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado en más de una ocasión su preferencia por la limitación de los precios de las compañías eléctricas e incluso se ha mostrado favorable a la creación de una empresa pública de energía para arreglar «las distorsiones del mercado» que, en su opinión, se producen actualmente y con regularidad.

Natalia Fabra es hija de Jorge Fabra, ex presidente de Red Eléctrica y bien conocido en el sector por su visión anti mercado y como protector máximo de las empresas gasísticas -en principio más contaminantes- frente a las de producción hidroeléctrica, con una reputación intachable en relación con la preservación y el cuidado del medio ambiente. La familia Fabra está ligada al Partido Socialista, incluso con incursiones en las cercanías de Podemos, siempre recelosa de la libertad de empresa.

Otra de las posibles candidatas a presidir el organismo sería María Jesús Martín, que es consejera de la CNMC, y que tiene una experiencia profesional de treinta años en el sector público, principalmente dedicada a asuntos de regulación, derecho de la competencia en mercados de energía y política energética en general, pero tampoco es una persona que cuente con la aquiescencia del sector eléctrico.

El Consejo de Ministros remitió el pasado martes a información pública el anteproyecto de ley por el que se restablece la Comisión Nacional de la Energía (CNE) con el fin de retirar a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) la competencia sobre la regulación del sector energético, de forma que ésta quede completamente controlada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acabará teniendo derecho de veto sobre las decisiones estratégicas de las empresas.

De ella dependerán, además de la presidenta de la institución, la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, además de tres direcciones generales: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, y un departamento de Inspección de nuevo cuño con el objetivo de reforzar la labor supervisora. «No hay duda de que Ribera y sus amigos intervencionistas quieren hacerse con el timón de la CNE para exprimir al sector», indica una de las fuentes consultadas.