Las eléctricas responden a Ribera tras la sentencia de Iberdrola: «Es hora de que deje de perseguirnos»

Las grandes eléctricas dicen basta a la política persecutoria de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una semana después de que se conociera que el impuesto extraordinario establecido por el Ejecutivo sobre sus ingresos se extenderá también a 2024; la Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola por entender que no alteró los precios de la luz entre los pasados 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2013. Fuentes de las direcciones del sector eléctrico lanzan un mensaje de vuelta al Gobierno a través de OKDIARIO: «Es hora de que dejen de perseguirnos, nosotros no somos los que hacemos que los ciudadanos paguen más por su factura eléctrica, sino el Gobierno con los impuestos a la electricidad y el IVA. Las eléctricas somos las que más contribuimos a Hacienda».

Ya no es sólo que las grandes energéticas destinen uno de cada 6 euros de factura fiscal al impuestazo de Sánchez como demostró este periódico, sino que incluso, en algunos casos, esta obligación tributaria que había nacido con ánimo de temporalidad, ha llegado a generar pérdidas a las eléctricas.

«Nos prometieron una reformulación (del impuesto) a final del año y todavía la estamos esperando», explican fuentes de otra eléctrica. Con la convalidación de los decretos anticrisis alcanzada in extremis el pasado miércoles, queda claro que el Ejecutivo y sus socios apuestan por la prórroga del impuestazo a las energéticas.

Caso Iberdrola: no incrementó el precio

Ahora bien, la Justicia comienza a dar la razón a las eléctricas frente a la persecución del Gobierno. En referencia a la reciente victoria judicial de Iberdrola sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el caso del supuesto fraude para alterar el precio de la electricidad en 2013, Carlos Lacaci, abogado y socio director de Lacaci & Delgado Abogados, recuerda a OKDIARIO que, «aunque todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, al menos en primera instancia, esta sentencia deja bien claro que los presuntos hechos delictivos por los que era acusada esta compañía, no se corresponden con la realidad».

En consecuencia, apunta el abogado que «Iberdrola, según el propio juez, dicta la sentencia para absolver a la compañía: puso en el mercado todas las fuentes de energía que podía ofrecer, no desabasteció el mercado ni tampoco fijó unos precios que fueran abusivos o que no estuvieran bajo la limitación que legalmente en aquellos años se exigía. Por tanto, no hay ningún hecho delictivo. Y los jueces, pues absuelven a la compañía».

Por su parte, Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid, destaca -en análisis de la sentencia a la que este periódico ha tenido acceso- cómo las conclusiones de la pericial (de los peritos de la CNMC, que son realmente los únicos en los que se fundamenta las pretensiones de la querella), son demoledoras: citan su ‘juicio de valor’ con base en un procedimiento «poco claro» y que «no se había utilizado nunca antes de los hechos, ni tampoco después». Además, señala Salcedo, «reconocen que el método utilizado en su pericial no es el único y que existen otros igualmente válidos (que posiblemente hubieran dado lugar a distintos resultados de los que se buscaba), llegando a decir el magistrado en su sentencia que «se trata de meros estudios de probabilidad futurista» en los que «nunca se explican los criterios de razonabilidad seguidos».

En consecuencia, como apunta el economista, el magistrado «declara que no queda probado que los trader de Iberdrola falsearan sus análisis para alterar el precio». Por consiguiente, «se imponen las costas de oficio, no imputándoseles a los procesados absueltos».

Ahora, tan sólo cabe saber si ese ente que antiguamente disponía de tanta imparcialidad, la Fiscalía Anticorrupción, recurrirá la sentencia contra Iberdrola ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si bien recurrir le resultará gratis, dependerá de si dispone de algún fundamento de derecho con más fuerza que los perdidos en primera instancia. También, de las ganas de que disponga la Fiscalía de abrir una nueva senda de enfrentamiento contra las eléctricas españolas.

Salcedo recuerda que es difícil demostrar una supuesta alteración del precio eléctrico: «¿Cómo se va a poder demostrar que se alteró el precio de la luz en un mercado regulado y donde el precio se fija mediante subasta? Tendría que haber habido un cártel, en cuyo caso la querella debería haberse dirigido contra los supuestos integrantes del cártel y no solo contra Iberdrola y sus directivos. Y en un mercado de libre competencia, en el que los consumidores pueden elegir libremente la compañía de suministro».